Ex elementos de la policía estatal que fueron despedidos en el 2017 tras protestar para exigir mejores condiciones laborales, demandaron al gobierno estatal que acate la resolución judicial que obliga a la reinstalación de 11 uniformados.
Reclamaron que la Secretaría de Seguridad ha incumplido con la resolución del juez y con ello está llegando a una situación de desacato que podría tener responsabilidad.
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La orden, dictada por el juez del Distrito Séptimo el pasado 12 de agosto, establecía que los ex uniformados debían ser reincorporados a sus funciones a más tardar el 15 de agosto, sin embargo no fue así.
José Muñoz Franco, uno de los ex policías afectados, informó que hasta ahora no han recibido ninguna notificación de su reincorporación al servicio activo.
En el año 2017 el entonces secretario de seguridad pública Pedro Almazán Cervantes determinó incrementar al doble las jornadas laborales de los policías uniformados y reducir los días de franquicia por ello se concentraron todos en el cuartel estatal y la autoridad respondió cesando a 176 elementos.
Inicialmente, 176 policías fueron despedidos en 2017, sin embargo, a lo largo del tiempo, algunos aceptaron la liquidación ofrecida, y solo quedaron 11 en disputa, estos últimos han estado en litigio para obtener una liquidación conforme a la ley, la cual no se les ha concedido.
Durante todo este tiempo han ganado dos laudos a su favor en tribunales, que ni el gobierno de Héctor Astudillo Flores ni la actual administración de Evelyn Salgado Pineda han cumplido.
Aparte de la reincorporación, los ex policías exigen el pago de siete años de salarios caídos.