Cuatro de los 167 elementos de la policía estatal que fueron despedidos tras participar en una protesta en el año 2017 fueron reintegrados a sus funciones luego de cuatro años de juicio y haber ganado procesos de amparo que se ventilaron en juzgados federales, con su reinstalación se obliga al gobierno estatal pagar los salarios y prestaciones que dejaron de percibir durante todo este tiempo.
Adicionalmente otros 23 de los elementos despedidos recibieron notificación de una resolución con la que se obligaría al estado a que los reinstale, sin embargo en este proceso falta establecer el plazo para que sean integrados al servicio.
En el caso de los cuatro elementos que se ampararon en el juicio 558/2018, del juzgado séptimo de distrito, la resolución establece que los policías estatales deben presentarse en un plazo no mayor a tres días y los salarios caídos que se les deben regresar se deben entregar en un plazo no mayor a 10 días.
Los policías se presentaron este jueves a la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública para solicitar que se les asignen funciones, conforme a la categoría que ostentan, lo que ocurrió este mismo jueves.
El amparo establece que en caso de que la autoridad se negara a acatar el mandato de reinstalación se haría acreedor a una sanción económica y se le puede inhabilitar aún cuando ya no se encuentre en funciones.
En el 2017 los policías se inconformaron pro la determinación del entonces secretario de seguridad Pedro Almazán de retirarles la mitad de sus días de descanso bajo el argumento de que no hay suficientes elementos y sus condiciones de trabajo eran muy favorables para los uniformados.
Los policías se concentraron en su cartel y se negaron a salir a trabajar hasta que tuvieran una reunión con el funcionario, en respuesta se procedió a notificar bajas a todos los que encontraban en el cuartel.
Los policías iniciaron procedimientos legales demandando su reinstalación pues consideraron que el despido fue injustificado, además de que se les despidió mediante la Unidad de Contraloría de Asuntos internos, sin que se realizara un procedimiento administrativo ante el Consejo de Honor y Justicia, es decir que no les dieron derecho a defenderse.
Los procesos legales se desarrollaron en diversas instancias, siguiendo los procedimientos correspondientes, finalmente cuatro años después del 31 de mayo del 2017 en que fueron despedidos los policías, cuatro de ellos volvieron a portar el uniforme y 23 están en vías de hacerlo además de que el gobierno estatal deberá pagar todas las percepciones que dejaron de recibir, como salarios, bonos, aguinaldo, primas vacacionales y viáticos.