La Comisión Nacional de Derechos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por una serie de acciones y omisiones, con las cuales no se logró dotar de viviendas a 96 familias porteñas damnificadas por los fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel”, en el año 2013.
A través de un comunicado de prensa, la organización señala que la dependencia federal no realizó la inclusión del citado número de familias para ser beneficiarias de la reubicación, violando el derecho humano a una vivienda adecuada, al no garantizar que una empresa constructora cumpliera con la edificación del desarrollo habitacional, sin prevenir riesgos futuros a la población habitante del poblado El Quemado.
El organismo defensor señaló que en el mes de abril del 2017 recibió la queja por parte del comité La Isla las Casitas, por las presumibles violaciones a los derechos de las familias, a quienes no se les habían entregado sus viviendas después de casi cuatro años del paso de los citados fenómenos.
La Comisión pidió a la Sedatu inscribir a los 96 afectados en el Registro Nacional de Victimas, para que logren el acceso a la reparación integral del daño que sufrieron, así también para que implementes las medidas necesarias para que antes del 30 de noviembre del año en curso se concluyan los trabajos de construcción de las casas y sean entregadas con escritura pública.
Además de garantizar la seguridad de la tenencia, la dependencia deberá vigilar que estas casas cuenten con los servicios públicos necesarios, contar con los procedimientos internos de adjudicación de contratos de obra, en caso de un desastre, y los procedimientos de construcción.
Cabe mencionar que el pasado mes de agosto del 2017, el ex diputado de PRI y quien fungía como delegado de la dependencia federal en el año 2013, cuando se dieron las irregularidades y omisiones señaladas en la recomendación que hace la CNDH, Héctor Vicario Castrejón, fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le comprobó irregularidades tras 12 denuncias penales ante la PGR en su contra.