"El lamentable asesinato de Bruno Plácido Valerio es una muestra de que no hay garantías para los luchadores sociales y refleja el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la sociedad indefensa ante la violencia y la inseguridad", señaló el presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan Abel Barrera Hernández.
El defensor explicó que el crimen de Bruno Plácido se registra en un momento en el que él ya no tenía un activismo muy visible, “él había pasado ya como a un segundo plano y se mantenía más bien en la relación permanente con las comunidades, realizando trabajo de gestoría con las autoridades del Estado”.
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Agregó que es un caso sumamente grave considerando que él ya no estaba la primera línea de confrontación con las demás organizaciones con las que abiertamente tenía divergencias la UPOEG, “él ya como líder histórico de la UPOEG había dejado en mandos regionales, en comandantes las operaciones de la organización y por esa razón es desconcertante el asesinato”.
Abel Barrera estableció que el tema es muy grave porque nos habla del estado de indefensión en que se encuentran las personas en general y sobre todo quienes han asumido un compromiso por apoyar, por acompañar, por defender los derechos de los pueblos indígenas, como fue el caso de Bruno Plácido.
“Es muy lamentable porque pues este estamos inermes en un Estado violento, en un torbellino de donde pues ya nadie escapa en términos de la seguridad y eso es sumamente grave”.
Expresó la exigencia a las autoridades competentes para que investiguen y que no solamente den información periférica del caso, sino que vaya al fondo, porque también no hay avances en las investigaciones de casos de defensores, “todas están estancadas”.
Además exigió que las autoridades no criminalicen los hechos y que se sigan las líneas de investigación que tienen que ver con su trabajo como defensores, “esperemos que no se repitan más casos como este de Bruno plácido”.
Se le comentó que el Secretario general de gobierno, Ludwing Marcial Reynoso ya declaró que el crimen puede tener relación con la disputa de la UPOEG con los Ardillos, “espero que haya datos que fundamenten su comentario porque si no, no ayuda, se queda en información que no tiene sustento y yo creo que en ese sentido más bien es la Fiscalía la que tiene que dar cuenta de cuáles serían estas líneas de investigación y con pruebas, con datos fidedignos y que no se criminalice su lucha”, exppresó.