El estado mexicano ha incumplido con la entrega de información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la investigación que ha realizado por el homicidio del ex estudiante de la Normal de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, que fue asesinado el 27 de septiembre del 2014, cuando 43 de sus compañeros fueron desaparecidos.
Los familiares del joven acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar ante instancias internacionales la justicia que no han logrado tener en México, el caso fue aceptado y enviado a revisión para que el estado mexicano pudiera justificar el motivo por el que se ha dilatado la justicia para este joven.
De acuerdo con un comunicado que emitió la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que son los asesores legales de la familia, la CIDH aceptó el caso ya que encontró fundamentos de violaciones a los derechos humanos, en particular la omisión de una investigación transparente, clara y justa.
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El pasado 27 de diciembre de 2023, pidieron al estado mexicano presentar sus observaciones al caso del estudiante desollado de Ayotzinapa, Julio Cesar Mondragón Fontes, en un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, advirtiendo que el plazo de cuatro meses mencionado es improrrogable.
En la solicitud se le informó al estado que transcurrido el plazo de los cuatro meses, la Comisión puede notificar el diferimiento del examen de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo, es decir que de facto el Estado Mexicano aceptaría la culpabilidad de las violaciones a los derechos humanos del ex normalista
El 12 de agosto de 2024 la CIDH notificó a los representantes legales del ex normalista que el Estado no ha respondido la solicitud de observaciones.
Julio Cesar Mondragón Fontes viajó a la ciudad de Iguala junto a un centenar de sus compañeros estudiantes de la normal de Ayotzinapa, fue detenido junto con los 43 desaparecidos, pero su cuerpo de él no fue desaparecido, lo torturaron, lo desollaron y lo tiraron al día siguiente en un paraje de la misma ciudad de Iguala, hasta el momento se desconoce quienes lo hicieron y que motivo a tal crueldad.
“Es un crimen de Estado a un joven estudiante que soñaba con ser maestro. Subrayamos que están por cumplirse 10 años de los hechos y que el Estado no ha realizado una investigación, seria, transparente y expedita como es su obligación”. Indicó década contra la impunidad.
“La familia de Julio, Afrodita (su mama), Lenin (su hermano), Cuauhtémoc y Cuitláhuac (tíos), con los daños psicológicos por los hechos donde perdieron a Julio Cesar por la detención, tortura y ejecución extrajudicial, de la que él fue víctima, siguen resistiendo aun con el desgaste emocional a cuestas, siguen caminando por encontrar la verdad y la justicia”.
Ante la situación la familia demandó a la Comisión Interamericana que inicie la realización el diferimiento del examen de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo.
Finalmente acusaron que como familia han recibido hostigamiento y persecución desde las instituciones mexicanas, por lo que demandan cese total al hostigamiento y acceso a la verdad y justicia.
