Durante la próxima semana se entregarán a la PGR tres de los ex trabajadores del programa Prospera que fueron despedidos injustificadamente al iniciar el año 2017 y en respuesta protagonizaron una toma del edificio, ello para evitar ser detenidos como ya ocurrió con una de sus compañeras y con el líder de la APPG, Nicolás Chávez.
Inicialmente se tenía previsto que la entrega de los ex trabajadores se hiciera este lunes, pero recibieron apoyo de abogados de la UAGro que tomarán su defensa para tratar de evitar su encarcelamiento y hacer que se respeten sus derechos.
Arturo De la O Nava, Mayra Morales Sánchez y Rubén García García, se presentarán al juzgado federal de manera voluntaria a enfrentar las acusaciones que existen en su contra y de esta manera buscan evitar ser detenidos, como ha ocurrido con sus compañeros, pero lo harán con la asesoría de abogados.
Mayra Morales señaló que en el caso de sus compañeros han detectado que camionetas sospechosas rondan sus domicilios, y temen que puedan ser elementos de la PGR que acudan a ejecutar órdenes de aprehensión, “Nosotros no robamos, no asesinamos a nadie, realizamos una manifestación exigiendo un derecho en el que nos asiste la razón, pero sólo tenemos represalias mientras que el asunto laboral no avanza”, indicó.
Reveló que el juicio laboral que iniciaron en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha tenido varias audiencias, sin embargo, no ha llegado al grado de laudo para obligar a los responsables del programa que paguen las indemnizaciones correspondientes y que se les reinstale en su trabajo.
Destacó que fueron más de 15 años trabajando para la dependencia y a pesar de eso cuando fueron despedidos no les pagaron una liquidación conforme a lo que marca la ley, pues les argumentaron que por encontrarse bajo un régimen de pago por recibo de honorarios no tienen derecho a nada.
En su momento realizaron manifestaciones y tomaron las oficinas del programa, lograron que su caso se visibilizara y se despidieron algunos funcionarios, incluido el delegado, sin embargo, no tuvieron respuesta a su exigencia del pago de una liquidación conforme a lo que establece la ley, “sólo nos enviaron un mensaje diciéndonos que ya no nos presentáramos a trabajar, pues ni siquiera tuvieron la cortesía de llamarnos para darnos la noticia de que estábamos despedidos».
