Viviendo en cuartos rentados y sin ningún tipo de apoyo gubernamental, se encuentran 60 familias que el 7 de septiembre fueron desalojadas de los edificios que conforman la etapa 8 del fraccionamiento Infonavit, ello luego de que el sismo de 7.1 grados causara afectaciones en los inmuebles que impiden seguirlos utilizando para vivir.
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Los propietarios de los departamentos que se construyeron en 1990, indicaron que tras el sismo muchos políticos se presentaron al lugar y ofrecieron ayudarlos, después se retiraron y nunca vieron la ayuda.
La Secretaría del Bienestar del gobierno federal, levantó un censo, pero sólo integró a 53 de los departamentos, y de estos sólo a 40 les entregó un folio con el que pudieron cobrar un apoyo de 10 mil pesos para la adquisición de enseres.
Felipe Jesús Peláez Juárez señaló que se tiene un dictamen de protección civil del Estado que indica que los edificios no son aptos para habitarlos y que representan un muy alto riesgo para la población, por ello recomendaron la evacuación de las 60 familias y todos tuvieron que salir a buscar espacios para rentar o refugiarse con familiares, que es donde han pasado los últimos 4 meses.
Indicaron que en el diagnóstico se hace señalamiento que los edificios se han colapsado porque tienen deficiencia en su construcción, y eso establecería una responsabilidad para el Infonavit pues ellos fueron supervisores de la construcción.
“Entre las paredes podrán observar varillas que de acuerdo con el proceso constructivo debieron estar ahogadas en concreto, pero se encuentran sólo metidas dentro de los huecos del tabicón”.
La recomendación de Protección Civil fue realizar un estudio de resistencia del concreto y demás estructuras para verificar si es posible hacer una rehabilitación, estabilización y reforzamiento para que los edificios se sigan utilizando, sin embargo, en este proceso el Infonavit y los gobiernos de todos los niveles deberían coordinar esfuerzos y mezclar recursos, pero hasta el momento no hay ningún tipo de apoyo.
Finalmente, indicaron que se han enviado escritos a gobiernos, estatal, federal y municipal, también a diputados locales y federales, a funcionarios de la Sedatu, y decenas de instituciones, más pero hasta el momento de ninguno han tenido una respuesta.