Miembro de la planilla que se formó para ser parte del gobierno instituyente en el municipio Las Vigas denunciaron que el Congreso del estado está cometiendo violencia política en razón de género, debido a que únicamente aprobaron los nuevos gobiernos en las alcaldías gobernadas por hombres.

El cuerpo edilicio encabezado por la presidenta Adriana Elizabeth Garnica Ventura exigieron a los diputados que a la brevedad realice la sesión en que deben ser designados como gobierno de Las Vigas, explicaron que incluso han recurrido a quejas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, pero aún no se ha resuelto el tema.

Explicaron que su planilla fue electa en asambleas realizadas por los habitantes del municipio y se hizo la propuesta por la Junta de coordinación Política al pleno del Congreso para que se aprobara, pero no lo hicieron a pesar de que cumplieron con todos los requisitos establecidos en la ley.

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Refirió que el periodo de gobierno debió iniciar el 25 de agosto del 2023 y concluiría el 29 de septiembre del 2024, pero hasta el momento el Congreso se niega a reconocer los derechos políticos de las mujeres y asumir la designación de las dos mujeres que serán alcaldes como ya lo hicieron con los hombres en los municipos de Ñuu Savi y Santa Cruz del Rincón, los que les corresponde ser gobernador por mujer son Las Vigas y San Nicolás.

Dijeron desconocer porque el poder legislativo no ha querido reconocer al nuevo municipio de las Vigas y San Nicolas, ya que el proceso que se llevó a cabo bajo los lineamientos de los legisladores se cumplió debidamente.

La urgencia para designar a un gobierno instituyente se agudizó ante las afectaciones que sufrieron en el municipio tras el paso del huracán Otis, pues no han tendido posibilidad de atender las demandas de escuelas y población que fue afectada.

Además de que se requiere de rehabilitar caminos saca-cosechas, se requiere reparar problemas en sistemas de agua, alumbrado y otras necesidades cotidianas de la población pues por el momento han tenido algún apoyo del municipio de San Marcos que es del que se desprendieron, pero ya no es su obligación porque el Congreso ya aprobó la creación del nuevo municipio y legalmente ya no son demarcación parte de esa demarcación.

Otro factor que es de mucho riesgo es el tema de la seguridad que es un tema que no se puede garantizar porque no hay una figura jurídica que pueda darla.