Al menos 34 de quienes fueron funcionarios durante el gobierno que encabezó Héctor Astudillo Flores, serán sancionados por la Contraloría General del Estado, debido a malversación y desvío de recursos públicos, confirmó el titular de la dependencia, Eduardo Gerardo Loría Casanova, las sanciones, dijo estarán listas antes de concluir el primer año del actual gobierno.
El funcionario indicó que en este momento se han determinado 14 sanciones administrativas, entre estas la del ex director del Colegio de Bachilleres Fermín Gerardo Alvarado Arroyo y entre las 20 que se están por resolver se cuentan dos contra es secretarios de despacho, del gobierno anterior, sin embargo contra el que fuera titular del Ejecutivo, Héctor Astudillo no se tiene ninguna indagatoria, reveló.
Loría Casanova, adelantó que algunas sanciones que se emitirán tiene que ver con desvío de recursos en áreas de Salud y Educación, donde recursos que se deberían canalizar al Issste, Fovissste y otros pagos, no fueron entregados debido a que el dinero se utilizó para pagar la nómina de trabajadores que no están reconocidos por la federación.
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"Aquí tenemos que recordar que la federación atrajo las nóminas de Salud y Educación, pero se quedaron alrededor de 4 mil trabajadores en cada dependencia sin ser reconocidos por el gobierno federal, eso ocasionó que el dinero de las cuotas que es el único que había se utilizará para los salarios y no se cubrieron los pagos al Issste, entonces no se robaron el dinero, lo utilizaron para un fin distinto y al no haberlo informado se comete una falta que es la que la contraloría habrá de sancionar".
Otras irregularidades tienen que ver con el proceso de entrega recepción, en el que una vez que se revisó se hacen observaciones, y se requieren aclaraciones que si no se hicieron de forma correcta también amerita sanciones administrativas que son las que puede imponer la Contraloría, además de que tiene que informar de cada expediente al Tribunal de Justicia Administrativa para que se valore si además del tema administrativo se configura una falta grave que ya es su competencia o se traslada a la Fiscalía General.
Las sanciones que impone la Contraloría estatal pueden ser desde una sanción administrativa hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos, y esta se valora considerando la gravedad de la falta que se haya cometido.
