La asociación civil Feministas AC, presentó el primer informe sobre la violencia política contra las mujeres que se registró durante el proceso electoral del 2021. En el proceso la organización documentó 37 casos, más otros 8 que se presentaron ante la Fiscalía General del estado y que por la secrecía de la indagatoria aún no hay información pública.
De acuerdo con la información que contiene el informe el municipio de Chilpancingo fue el que más casos acumuló 9 casos, en Acapulco fueron 6 casos; Taxco con 3, Iguala y Pilcaya con 2 casos respectivamente y en el resto de los municipios que registran 1 caso, son Ahuacuotzingo, Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Copalillo, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, Mártir de Cuilapan, Pedro Ascencio de Alquisiras, Petatlán, San Luis Acatlán, Teloloapan, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac y Zihuatanejo.
En total fueron 20 los municipios en los que hubo denuncias de violencia política sin que estas cifras representen los municipios donde más se violan los derechos políticos de las mujeres sino más bien los municipios en los que las mujeres tiene mayor facilidad para presentar sus denuncias.
Por partido político Morena es el que acumula mayor número de denuncias con un total de 17, mientras que del PRI, PRD y movimiento ciudadano interpusieron 4 querellas en cada uno, y de la coalición PRI-PRI hubo otros dos casos.
De la numeralia que presentan en el informe se resalta que fueron mujeres de entre 40 a 50 años las que denunciaron casos de violencia política, le siguen las de entre 30 y 40 años que acumula 9 incidentes, 5 casos fueron de mujeres entre 50 y 60 años y 4 casos fueron cometidos contra mujeres mayores de 60 años de edad.
De los 37 casos registrados, 4 fueron cometidos contra mujeres indígenas, entre estos el de Eneida Lozano Reyes, integrante de la UPOEG y aspirante a Concejala del Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres, que se rige mediante Sistema Normativo interno, quien sufrió amenazas de muerte y acoso político por parte de personas pertenecientes a grupos adversarios, también el de Felicitas Martínez Solano, candidata a diputada local por el distrito 15 con cabecera en San Luis Acatlán, quien interpuso un medio de impugnación por haber sido excluida en la lista de candidaturas de representación proporcional por la cuota indígena, habiendo resultado favorecida mediante sentencia firme emitida por el Tribunal Electoral.
El caso de Magaly Galindo, militante del PRI en el municipio de Xalpatláhuac, quien en redes sociales denunció que el Comisario de la comunidad de Igualita ordenó su detención y encarcelamiento por negarse a promover el voto por Morena. También denunció que en las elecciones 2018 fue privada de la libertad por las autoridades comisariales por la misma razón.
Casos emblemáticos
El informe presenta dos casos con la categoría de emblemático por un lado el del Senador Félix Salgado Mecadonio quien fue acusado de violación durante el proceso electoral, y este hecho generó manifestaciones y procesos legales, se reveló la injerencia del ex gobernador Héctor Astudillo para que no se judicializara el propio partido morena le retiró la candidatura por unos días.
Finalmente declararon que no había sentencia firme que lo condenara y volvió a ser el abanderado de Morena, desde la cámara de diputados federal hubo exhortos a la Fiscalía de Guerrero para que se atendiera la denuncia de violación en contra de Salgado Macedonio y se entregaron cartas firmadas por militantes pidiendo reconsiderar la designación.
El informe detalla puntualmente las acciones políticas sociales y jurídicas que grupos organizados realizaron por el caso de Félix Salgado Macedonio y la candidatura que no pudieron evitar, misma que sabemos después fue retirada por no cumplir con sus informes de gastos de precampaña.
El otro caso emblemático es el de Eleazar Marín, quien funge como Sindica del Gobierno Municipal de Teloloapan, ubicado en la región norte del estado. municipio que se ha estigmatizado pro la presencia de grupos delincuenciales y complicidades con las autoridades, en este lugar la síndica fue y violentada pro el alcalde y otros funcionarios del gobierno.
También demostró que le falsificaron firmas y sellos en las cuentas públicas, y a pesar de que interpuso denuncias formales el avance ha sido muy lento y no han logrado que se garantices plenamente sus derechos.