Negarse a ceder ante el presunto acoso sexual de un compañero trabajador de la Universidad Autónoma de Guerrero, convirtió la tranquila vida de Lorely Castillo Santos en un infierno, en el que ha sufrido acoso laboral, despido injustificado, fraude, amenazas de muerte, tentativa de feminicidio, criminalización y negligencia institucional.
De acuerdo con el relato de la propia víctima, hace más de dos años, la directora de la preparatoria número 7 de Acapulco, Carla Beatriz Piña Magaña, le notificó de forma verbal, que por instrucciones de su suegro Agustín Fernando Saavedra Centeno, dejaba de laborar en la institución pese a que ella tiene una plaza de base.
La acción fue respuesta a la negativa que la mujer había dado a los constantes acosos sexuales de esa persona, quien se jacta de tener mucha influencia por sus amigos que son funcionarios del gobierno en todos los ámbitos, y mucho más en la Universidad Autónoma de Guerrero donde fue funcionario de primer nivel en la administración de Javier Saldaña.
La víctima, reveló que en su desesperación de no tener un ingreso para sostener su familia, buscó al senador Félix salgado y le relató su caso, éste le asignó a una persona para que le diera acompañamiento y se lograra una entrevista con el rector Alfredo Romero Olea, éste se logró y se hizo un acuerdo verbal de que se le devolvería el trabajo pues se confirmó que su cheque seguía emitiéndose pero se cobra por una persona diferente.
"Lamentablemente después del diálogo verbal no hubo más comunicación y no pude volver a tener diálogo con el rector, también busqué al senador y no me contestó el teléfono ni permitió dialogar con él en sus eventos", ante esta situación decidió iniciar un proceso de demanda laboral por el despido injustificado y la exigencia de reinstalación en el cargo
La acción jurídica enfureció a su ex acosador, Agustín Fernando Saavedra Centeno, quien acudió hasta su domicilio para amenazarla y exigirle que retirara la denuncia, "me dijo retiras esa denuncia o te puede pasar un accidente".
Días después, el 26 de julio, hombres armados que ella presume que se trata de las personas que utiliza Agustín Fernando como escoltas, acudieron a su domicilio y vandalizaron su vehículo, el 31 de julio recibió una nueva agresión de personas armadas quienes dispararon contra la fachada de su domicilio en el puerto de Acapulco.
Desde entonces la mujer ha vivido una vida de intranquilidad, casi de terror pues sólo escuchar que un vehículo se detiene cerca le genera miedo de que sean personas que quieran asesinarla, y aunque existe la carpeta de investigación número 12030270501761261021, la autoridad ministerial no ha avanzado nada en el proceso para detener a los responsables.
Por último la mujer explicó que Agustín Fernando Saavedra Centeno no frenó ahí, y utilizando influencias en el poder judicial, elaboró documentos apócrifos sobre su vivienda y la acusó de despojo, y a pesar de ser evidentemente un caso montado y burdo, el agente del ministerio público, Juan Gabriel Luna, envió el expediente al Juez Rodrigo Ramos García quien ha iniciado el proceso penal, donde además se han desestimado los elementos de prueba que ella ha presentado.