Como resultado de la jornada electoral que se desarrolló el pasado seis de junio, el próximo 15 de octubre en el estado de Guerrero, por primera vez en su historia, el cargo de gobernador será asumido por una mujer, Evelyn Salgado Pineda, quien habrá de dirigir un estado que tiene una población total de 3 millones 540 mil 685 habitantes, de éstos, un millón 840 mil 73 personas son del sexo femenino, lo que representa un 52 por ciento, mientras que los hombres representan un 48 por ciento de la población con un total un millón 700 mil 612 registros.
Por rango de edad, el estado que gobernará Evelyn Salgado es mayoritariamente joven ya que el 35 por ciento de su población es de 17 años, el 18.7 por ciento se ubica entre los 18 a 29, el 33.4 serían adultos mayores de 30 y menores de 60 años, y solamente el 12.5 por ciento estarían en un rango mayor a los 60 años.
Un dato importante de la población de Guerrero es que el 15.5 por ciento son hablantes de una lengua autóctona, que representa un total de 515 mil 428 personas, que incluyen a un total de 11 mil 372 que no hablan el español.
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La población indígena total es de 691 mil 724 personas de las que 328 mil 819 son hombres y 362 mil 905 mujeres, además se tiene una población afrodescendiente de 303 mil 923 personas en las que se mantiene la tendencia de ser mayoritariamente mujeres, con un total del 51.5 por ciento de este sector poblacional y 48.5 por ciento de hombres.
Dependencias oficiales
El gobierno estatal tiene una Secretaría dedicada a la atención de la mujer y 79 de los 81 municipios operan una dirección, instituto o secretaría de atención a este género, mismos que tiene recursos propios para impulsar acciones, proyectos y programas que impacten directamente en este sector poblacional.
De acuerdo con la auditoría que se practicó a la Secretaría de la Mujer en el 2020, ésta ejerció recursos por un monto de 70 millones 849 mil 634 pesos y cada dependencia municipal maneja su propio presupuesto, únicamente los municipios de Atenango del Río y Acatepec no tienen una oficina destinada a la atención de la mujer
Alerta de género
En Guerrero se tienen activas dos alertas de género emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), una alerta por violencia feminicida, la otra por agravio comparado y, en ambas, las organizaciones de mujeres han denunciado apatía de las autoridades para atender las recomendaciones.
El 22 de junio del 2017, a petición de un colectivo de organizaciones feministas en Guerrero la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y esta alcanzaría inicialmente a ocho municipios que son Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort; posteriormente a este listado se agregó el municipio de Chilapa en el que se tuvieron altos índices de incidencia feminicida.
La alerta exige a las autoridades de los nueve municipios, así como al Estado crear los Sistemas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, desde que se analizarían de manera periódica los avances que se tengan, las deficiencias que se reporten y promover a partir de eso las políticas públicas en favor de las mujeres.
El ocho de marzo del 2019 el mismo grupo de mujeres hizo la petición de una segunda alerta de género, esta vez por agravio comparado que se sustenta en la negativa de las autoridades a proporcionar un acceso a un aborto seguro en caso de violación, la alerta fue emitida el 5 de junio del 2020.
Las peticionarias expusieron que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, de enero del 2019 a abril del 2020 se registraron 312 casos de violación en el estado, 389 de abuso sexual y 11 denuncias de aborto.
En este caso, las mujeres exigen que se realice una reforma legal por parte del Congreso local a favor de los derechos de las mujeres y armonizar el código penal con la norma nacional 046, la cual garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación. La diferencia es que en Guerrero se requiere que un juez ordene el acceso al aborto, previo a que se haya interpuesto la denuncia penal correspondiente, mientras que en la norma oficial se puede acceder al aborto aún sin la denuncia.
Centros de justicia para mujeres
En el estado de Guerrero se tienen dos centros de justicia para mujeres en los que se brinda alojamiento a mujeres que se encuentren en inminente riesgo, y durante su estancia se les proporciona ayuda psicológica, médica y jurídica, para atender el problema y que luego puedan reintegrarse a sus actividades normales.
Las instalaciones se localizan una en la capital del estado, Chilpancingo, y la otra en la región de La Montaña, en el municipio de Tlapa.
De estos centros, reiteradamente se han vertido quejas por deficiencia en la calidad de la atención, como el hecho de que sólo operan en horario burocrático y durante las noches y fines de semana permanecen cerrados (esto lo denunció la activista, Zoraida Abril Cruz Tenorio, quien acompañó a una mujer golpeada por su pareja y en un video que transmitió en sus redes sociales documentó la negligencia institucional).
Legislación
La legislación en Guerrero que busca proteger a las mujeres muchas veces ha sido considerada de avanzada, sin embargo, su aplicación ha sido muy deficiente y por ello en Guerrero se siguen teniendo malas cifras en torno a la violencia hacia la mujer.
En el mes de diciembre del año 2007 el Congreso del Estado aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con ello se tipificaron diversos tipos de violencia hacia la mujer y se obligó a las instancias de gobierno a implementar acciones para erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres.
Asimismo, en esta ley se establece la creación del Sistema Estatal Para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, una instancia en la que se tienen que coordinar acciones de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para lograr el fin.
Al momento de ser aprobada esta ley se argumentó que 67% de las mujeres ha sido violentada en la vía pública, en la escuela, en el trabajo o en su entorno familiar, también especificaron que la violencia feminicida es una realidad inocultable; “frecuentemente la prensa reporta homicidios de mujeres perpetrados por padres, hijos, esposos, amantes o por algún familiar. La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los asesinatos de mujeres, de la Cámara de Diputados, encontró que en nuestra entidad murieron, entre 2001 y 2005, 863 niñas y mujeres en homicidios dolosos; en Ciudad Juárez, el lugar en donde se centran las miradas por los hechos de violencia en contra de mujeres, se reportaron 379 feminicidios en 12 años”.
A pesar de que esta ley tenía la intención de impulsar acciones para evitar feminicidios, la violencia siguió y en el 2017 se obligó a emitir una alerta de género por violencia feminicida.
Otra ley que debería servir para aminorar un tema que afecta principalmente a las mujeres es la ley número 417, para prevenir y erradicar la trata de personas y para la protección, atención y asistencia de las víctimas, ofendidos y testigos de estos delitos en el estado de Guerrero, para aprobar esta ley se consideró necesario atender el problema de trata de personas en Guerrero porque nuestro estado se ha sido utilizado por los turistas para el consumo sexual de mujeres y menores, sin embargo, en la exposición de motivos no ofrecieron detalles de la situación en Guerrero.
La ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Guerrero, número 280, aprobada en el año 1999, representaba una propuesta de avanzada que buscaba cambiar la identificación de las mujeres con posiciones de inferioridad o de subordinación en la interacción entre los sexos, modificar la conceptualización de las agresiones que se ejercen sobre ellas y reconocer su derecho a vivir libres de violencia es y debe ser una de las acciones prioritarias en todo gobierno y en consecuencia del Estado.
En el estado de Guerrero existe incluso la ley número 260 para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama del Estado de Guerrero, con la que se obliga al Estado a impulsar acciones de prevención y tratamiento a las pacientes de este mal, ello porque en el año 2014, el Instituto de Cancerología detectó un descomunal incremento del 26 por ciento en la detección de casos de esta enfermedad.
En ese año se registraron 162 casos nuevos, cifra similar con la que se cerró el 2012 y, según sus cifras, del promedio de 171 casos anuales de cáncer de mama recibidos, el mayor número de casos se han detectado en Acapulco por el número de población, seguido de La Montaña, Chilpancingo y Costa Grande.
Venta de niñas en la Montaña
Uno de los problemas serios que le tocará atender a la nueva gobernadora es la situación de venta de niñas en la región de La Montaña, donde los usos y costumbres obligan a los varones de cualquier edad ofrecer dinero, animales o productos diversos para concretar acuerdos matrimoniales que determinan los padres de las mujeres, normalmente cuando se encuentran en la adolescencia.
En el mes de mayo del presente 2021, autoridades de los tres órdenes de gobierno conformaron una coordinación intersecretarial para “erradicar” la venta de niñas o de matrimonios arreglados de menores de edad en la región de La Montaña.
Asimismo, desde el Congreso del Estado se hicieron modificaciones legales para que los matrimonios arreglados se consideren como trata de personas.
