Diputados del Congreso del Estado propusieron exhortar a los ayuntamientos del estado, al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres ya organismos públicos descentralizados de la misma entidad para que, en cumplimiento de la Ley, enteren al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) las cuotas aportadas por los trabajadores y se paguen las pensiones correspondientes.
El adeudo que dejarán la mayoría de alcaldes salientes es de 911 millones de pesos, lo que causa un perjuicio a las finanzas públicas de dicho organismo y que impacta directamente al pago de los miles de pensionado y jubilados, causando un problema social vigente de enormes dimensiones . argumentan.
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Los diputados proponentes son Leticia Castro Ortiz, Estrella de la Paz Bernal, Antonio Helguera Jiménez, Andrés Guevara Cárdenas, Osbaldo Ríos Manrique y Alfredo Sánchez Esquivel, quienes en el documento señalan que la 63 Legislatura aprobaron la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero que contempla como acciones principales dar atención a los derechoshabientes del ISSSPEG, mismos que gozarán de derechos como acceso a la asistencia médica y garantía de ingresos, en especial en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez y accidentes.
Asimismo, se estipula que el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y los organismos descentralizados garantizarán en todo momento los derechos de seguridad social, jubilaciones, pensiones, indemnizaciones y prestaciones de los trabajadores.
Indicaron que, pese a lo anterior, en días pasados se atendió a un grupo de personas que representan al Consejo Directivo Estatal de Jubilados y Pensionados por el ISSSPEG que demandan el incumplimiento de las autoridades municipales y los organismos públicos descentralizados, los cuales no giran al instituto el importe de las cuotas descontadas a los servidores públicos en activo, y que supuestamente sirven para garantizar las pensiones correspondientes a los trabajadores.
Agregaron que el adeudo que dejarán la mayoría de alcaldes salientes es de 911 millones de pesos , lo que causa un perjuicio a las finanzas públicas de dicho organismo y que impacta directamente al pago de los miles de pensionado y jubilados, causando un problema social vigente de enormes dimensiones.
En ese sentido, los legisladores manifiestan que el Congreso no puede ser omiso ante este tipo de actos que dejan en la indefensión a casi 6 mil jubilados y pensionados.
El acuerdo que fue presentado por el diputado Andrés Guevara Cárdenas no alcanzó la votación requerida como asunto de urgencia y obvia resolución, por lo cual se convirtió en la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su análisis y dictaminación correspondiente.