Un grupo de ex trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (Icategro) iniciaron un plantón en las puertas del edificio que ocupa esta institución para demandar su reinstalación o una liquidación con forma al o que establece la ley federal del trabajo, pues consideran que fueron despedidos de manera injustificada.

Los quejosos establecieron que a la llegada del actual gobierno, quienes venían desempeñando la función de directores de las nueve unidades de capacitación y las seis acciones móviles, fueron despedidos a pesar de que en algunos su contrato se firmó para permanecer hasta julio del presente año, mientras que otros por tener más de 12 años prestando servicio en el mismo puesto tiene derechos adquiridos.

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Mencionaron que el actual director Omar Estrada Bustos, no respetó los contratos ni los derechos de antigüedad y a todos los sustituyó el día primero de enero, suponiendo que todos los contratos habían sido firmados para concluir el 31 de diciembre, pese a que algunos se firmaron por un año que concluye hasta el mes de julio.

Indicaron que en caso de que no se respeten los contratos, la parte patronal tendría la obligación de liquidarlos e indemnizarlos conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y pagar la cantidad de dinero que les corresponda conforme al salario que percibían y los años de servicio, pero la actual dirección se niega a hacerlo.

Por su parte, el responsable del área jurídica del Icategro, Ignacio Bello López, confirmó que sí existen los contratos pero señaló que estos serán ilegales porque se deben firmar únicamente abarcando el ejercicio fiscal para el que se firman, es decir que tendrían que haber terminado el 31 de diciembre.

Argumentó que en su momento fue un tema de análisis entre el anterior director, Narno Leyva que fue quien firmó los contratos y el actual funcionario y acordaron que quedarían sin efecto, pero no hubo una acción legal únicamente fue un acuerdo de palabra entre los dos funcionarios.

El hecho es que hoy los ex trabajadores reclaman ser recontratados o liquidados conforme a la ley.