Tras el desarme de civiles armados que hacían funciones de policías comunitarios en Buena Vista de la Salud y Tierra Colorada, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria- Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), calificaron como una agresión al movimiento comunitario y señalaron que es un acto de apoyo a un grupo delictivo.
En un comunicad que emitieron en sus redes tradicionales señalan: “Una vez más ha quedado claro para quien trabaja, el Gobierno de Guerrero y El Ejército Mexicano, el Batallón 50, se evidencia los pactos que sostienen en la zona de Guerrero con un grupo de la delincuencia organizada”.
Reconocieron que el grupo comunitario de Buena Vista recientemente se había adherido a la estructura de la CRAC-PF y eso no convino al gobierno, por ello es que arremetieron para desarmarlos y retirar el retén de la carretera.
Las organizaciones rechazaron que en la base comunitaria se hubiera localizado droga y armamento de uso exclusivo del Ejército, “El Estado, Policía Estatal el Ejército del batallón 50, está fabricando y sembrando evidencia, negamos categóricamente la existencia de droga en la comunidad, en cuanto a las supuestas granadas encontradas, éstas fueron bombas de fabricación casera decomisadas en la incursión realizada por el grupo criminal, el sábado 22 de enero del 2022”.
“Denunciamos la detención y persecución del gobierno y el Ejercito contra José Antonio Maldonado Cisca, coordinador del sistema comunitario de los Pueblos Fundadores de la comunidad, y su familia, así como de los 8 policías comunitarios que prestaban servicio a la comunidad, pedimos y exigimos la seguridad de los compañeros”.
Asimismo, hicieron un llamado a defensores de derechos humanos para estar pendiente por lo que está ocurriendo porque no se descarta que pudieran recibir agresiones en este momento que su seguridad interna se ha debilitado por la actuación de los uniformados.
