Un conglomerado de organizaciones sociales, sindicatos y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado (ISSSTE), urgieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, que donen terrenos para la construcción de un hospital de tercer nivel en el puerto de Acapulco y un hospital General en Chilpancingo.
Benjamín Sandoval Melo, quien es docente de la Universidad Autónoma de Guerrero y miembro del Stauag, relató que el hospital del ISSSTE en Acapulco se construyó hace 45 años, cuando la derechohabiencia de este sistema de salud llegaba a los 20 mil usuarios, en este momento se tiene 620 mil trabajadores más sus familias, lo que evidentemente ha sobrepasado la capacidad.
Refirió que en el caso de Acapulco el hospital general desde su construcción se le instaló una capacidad de 80 camas, y lejos de incrementarse en los últimos 45 años, el número se va reduciendo porque existen áreas cerradas por afectaciones en la infraestructura.
Indicó que el ISSSTE les ha respondido que sí existen condiciones para la construcción de los hospitales, sin embargo el Instituto no compra terrenos, tiene que ser donados por los estados o municipios.
Recordó que el ex gobernador Héctor Astudillo, trató de donar un predio de tres y media hectáreas en la zona de Diamante, sin embargo se dictaminó que el predio no cumplía con las características que se requieren para la edificación.
En el hospital de Acapulco se busca que sea de tercer nivel o alta especialidad, mientras que el de Chilpancingo tendrá que ser un hospital general que sustituya a la actual clínica.
Adeudos
Los derechohabientes del Issste explicaron que el gobierno del estado tiene una deuda de 14 mil millones de pesos con el ISSSTE, misma que se ha acumulado en varios gobiernos, por ello han enviado documentos al actual gobierno para que se practique una auditoría Integral, que permita deslindar responsabilidades y establecer quién se quedó con el dinero de los trabajadores.
Porque esos 14 mil millones de pesos no pueden convertirse en deuda pública ya que no se trata de dinero público el que se malversó, sino de las cuotas de los trabajadores que les descuentan cada quincena.
Sandoval Melo explicó que se están asesorando con abogados para determinar cómo proceder en este caso, es decir si de manera personal o grupal pueden iniciar denuncias penales por el robo que han hecho del dinero que les descontaron y no entregaron al Issste.
“También estamos revisando qué tanta responsabilidad pueden tener quienes están al frente del ISSSTE porque ellos son quienes deben cobrar y no lo han hecho”.
