Integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de Guerrero, aprobaron por mayoría de votos el Dictamen con Proyecto de Decreto en el que se establece la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas de origen indígena o afromexicano para las diputaciones de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos.
En la sesión ordinaria presencial de este lunes, que se desarrolló en la explanada del Congreso local, con la asistencia de 41 diputados, los legisladores, inicialmente se enfrascaron en una discusión en pro y en contra, pero finalmente aprobaron por mayoría el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 13 Bis y 272 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
Fundamentó el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, la diputada Lupita González Suástegui, quien dio lectura a la exposición de motivos, para enseguida dar paso a las participaciones de los diputados, en la que hubo señalamientos de que se trata de un albazo legislativo y una franca violación a la Constitución General, porque no hubo consulta al respecto.
Pero el diputado Arturo Martínez Núñez, en su participación, admitió sobre la existencia de dudas fundadas que podrían derivar en impugnaciones, principalmente en cuanto a derechos de los pueblos originarios se refiere, pero también, dijo, que estos pueden recurrir al derecho que les asiste, de comparecer en las instancias correspondientes, si así lo consideran, pero en este caso, reprochó que por la poca voluntad política de los diputados, han dejado pendientes asuntos, no menos importantes, como la reducción del financiamiento público de los partidos políticos.
Dentro de esta misma sesión ordinaria, los diputados de las distintas fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, aprobaron diversas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y violencia política, para tipificar como delito la violencia política contra las mujeres en razón de género.
También, establecieron en el Catálogo de Medidas de Seguridad el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política. Fue la diputada, Erika Valencia Cardona, quien fundamentó el dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Justicia.