El nuevo fiscal general del estado Zipacná Torres Ojeda, ostenta el grado de Coronel militar, en el 2018 su ascenso a Teniente Coronel, fue propuesto por el Senado por Félix Salgado Macedonio en su calidad de presidente de la Comisión de Defensa, como consta en el acta de sesión extraordinaria del 14 de Noviembre del 2018, luego en el 2022, se incorporó a la Fiscalía de Guerrero como Vicefiscal, el segundo grado en importancia de la dependencia que dirigía Sandra Luz Valdovinos.
A mediados del mes de febrero del presente año, fue encargado de despacho de la Fiscalía, ante la solicitud de licencia por seis meses de Sandra Luz Valdovinos, quien después se reincorporó a sus actividades y destituyó al vicefiscal.
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La trayectoria profesional data desde hace más de 36 años en la administración pública y se ha desempeñado entre otros cargos como agente del Ministerio Público Militar, secretario del juzgado de ejecución de sentencias, juez del sistema tradicional de control y del Tribunal de Juicio Oral del sistema penal acusatorio, jefe de la sección promoción y difusión de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, jefe de grupos de quejas jefe de grupo de recomendaciones y conciliaciones, todo dentro del sistema de justicia militar
En la lectura de currículos que realizó el Congreso del Estado se omitió mencionar el grado militar únicamente expusieron que es ciudadano mexicano por nacimiento originario de Acapulco, cuenta con 51 años de edad cumplidos y posee título profesional de Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios del Norte, de fecha 5 de octubre del 2006. maestrías en derecho penal y maestría en derechos humanos
“Aseguró no haber sido titular de ninguna dependencia entidad u organismo de la Administración Pública estatal o municipal o representante popular federal o estatal durante dos años anteriores, tampoco ha sido dirigente de algún partido político ni postulado para cargos de elección popular dentro de los tres años anteriores, no está suspendido ni ha sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público ni se encuentra sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local y que no hace uso de sustancias, psicotrópicas de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padece alcoholismo”.