Congreso cumplió con reformas en materia de aborto: Diputados

Se trató de un hecho histórico, pero también coloca a Guerrero a la vanguardia al garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sucuerpo, aseguran legisladores

Celso Castro | El Sol de Acapulco

  · viernes 26 de mayo de 2023

Ha faltado involucrar a la Secretaría de Salud y a la misma Fiscalía General del Estado, para que estén acorde con la nueva ley en materia de aborto. / Foto: Cortesía | @CongresoGro

A un año de distancia de que la Sexagésima Tercera Legislatura de Guerrero, aprobara la reforma y adiciones al Código Penal para establecer la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, en el poder legislativo están satisfechos porque se garantizó el derecho de las mujeres para poder decidir sobre su cuerpo con la despenalización del aborto.

Los diputados del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Joaquín Badillo Escamilla y Marco Tulio Sánchez Alarcón, por separado, coincidieron que se trató de un hecho histórico, pero también colocar a la vanguardia al estado de Guerrero, al despenalizar el aborto y evitar penas consecuentes a quien se realice o ayude a realizar este procedimiento dentro de los plazos establecidos con o sin el consentimiento de la mujer.

Badillo Escamilla quien también es presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, admitió que, por el momento no cuentan con informes de cuantos casos de interrupción del embarazo se han registrado en la entidad, al amparo de las reformas y adiciones al Código Penal, porque ha faltado involucrar a la Secretaría de Salud y a la misma Fiscalía General del Estado, para que estén acorde con esta nueva ley.

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Pero con mucha responsabilidad y madurez, se concretó el derecho a la mujer a decidir, pero dejar en claro, que no se trata de fomentar o estar a favor de que se tome sin conciencia este tema tan complejo de interrumpir el embarazo, por el contrario, lo que se pretende, insistió, es que ellas decidan sobre su cuerpo y que esto no tenga consecuencias de carácter penal, dijo.

Ahora se debe trabajar en recopilar las estadísticas o el número de interrupciones del embarazo que se han documentado, con la nueva reforma que aprobó el Congreso local, porque se carece de una base de datos y de una estadística sobre los sitios donde se han practicado, de tal forma de tener un control oficial de los casos de interrupción del embarazo.

Por su parte, el legislador Sánchez Alarcón, dijo que la comisión que aprobó esta iniciativa hace un año, no han abandonado el tema, se continúan reuniendo con el propósito de revisar y detectar si existen algunas lagunas sobre la despenalización del aborto, de tal forma de adicionarlo y adherirlo al documento de la reforma y adiciones al Código Penal.

Por ejemplo, indicó, que un tema que se tiene que discutir ante el pleno es que se apruebe un presupuesto para las instancias de salud, sobre todo para atender este tipo de casos, porque antes no había recursos y obligaba a las mujeres a la clandestinidad para interrumpir el embarazo por diversas circunstancias, lo que exponía su propia vida.

Aquí, resaltó que es importante que se le dé seguimiento psicológico y por supuesto clínico, por eso las diputadas promoventes están haciendo su trabajo y muy al pendiente de que se perfeccione, porque ante todo lo más importante es cuidar la salud y la vida de las mujeres que interrumpen la gestación dentro de las primeras 12 semanas.

Cabe señalar que desde el pasado 7 de septiembre de 2021, al determinar una Acción de Inconstitucionalidad en contra del Código Penal del estado de Coahuila, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez en favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.

Por lo que en Guerrero, las medidas legislativas que se aprobaron por mayoría de votos, se armonizaron con la interpretación constitucional realizada por el máximo tribunal del país, y que en caso contrario, mantener la penalización en ese lapso o desechar las propuestas de reforma, podría interpretarse como violación a la Constitución federal.