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Maestros de varios municipios de la región de TierraCaliente cerraron varias escuelas como medida de presión alCongreso local para que autoricen el desafuero del diputado delPRI, Saúl Beltrán Orozco, quien enfrenta una acusación de laFiscalía del Estado por homicidio calificado contra un empleadodel Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, cuando fungió comopresidente municipal.
El delegado de los Servicios Educativos de estaregión, Timoteo Arce Solís, confirmó que el cierre de losplanteles se debe a un acuerdo entre los grupos magisteriales, paraque sean escuchados por los diputados y no pretendan congelar eldesafuero del legislador priista, del cual ya no se ha hablado enlas últimas semanas.
Asimismo, dijeron que las escuelas cerradas estánubicadas en los municipios de San Miguel Totolapan, Arcelia,Tlalchapa, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso y de variascomunidades de Pungarabato.
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También trascendió que los centros de Salud de losmunicipios y comunidades antes mencionadas, también estáncerrados desde ayer debido a que sujetos desconocidos así loordenaron a los médicos y enfermeras que ahí laboran, sinembargo, la Secretaría de Salud o el Gobierno del Estado no haconfirmado o negado esta información.
Cabe mencionar que a pesar de la visita delgobernador, Héctor Astudillo Flores, al municipio de Totolapan,los maestros no aceptaron regresar a clases hasta que fueradetenido un peligroso delincuente que opera en la región de TierraCaliente, así como todos los integrantes de su grupo delictivo,condición que las autoridades estatales y federales no han podidorealizar.
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Por ello, desde enero de este año decenas deescuelas no están laborando y a pesar que el secretario deEducación, José Luis González de la Vega Otero, lo ha negado,existe el riesgo de que los menores de preescolar, primaria ysecundaria pierdan el ciclo escolar porque llevan cuatro meses sinclases y este concluye el próximo mes de julio.
Mientras tanto, en el caso del diputado SaúlBeltrán Orozco, los diputados han dado largas a la solicitud de laFiscalía para el desafuero y a pesar que se cumplieron los plazosestablecidos, aún no han
dictaminado y por ello la dependencia no puedeejecutar la orden de aprehensión que tiene en contra dellegislador que ha sido exhibido en medios de comunicación a nivelnacional.