De acuerdo con registros del gobierno estatal, Guerrero cerrará el año con más de 2 mil 500 personas desplazadas a causa de la violencia, principalmente de la región de Tierra Caliente.
En agosto pasado, casi un año después de que el nuevo gobierno de Evelyn Salgado Pineda asumiera el cargo, inició un programa de apoyos para las familias desplazadas, que incluía desde insumos básicos hasta proyectos productivos.
La mayoría de los pobladores que han tenido que dejar sus localidades provienen de los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro de los Chávez, San Miguel Totolapan, Apaxtla, Chilapa de Álvarez, Leonardo Bravo, Zitlala, así como de Chilpancingo, Atoyac y José Joaquín de Herrera (Tierra Colorada).
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En 2011, los pobladores de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, se convirtieron en los primeros grupos de pobladores que abandonaron en masa su comunidad ante el asecho de los grupos criminales y que hasta el momento se encuentran refugiados en el municipio de Ayutla.
La situación de violencia, principalmente en la sierra de Tierra Caliente, donde la pugna entre grupos criminales ha dejado muertes y desapariciones, también ha dejado desplazados aún sin hacerse oficial de familias de El Durazno, donde el 7 de diciembre más de cien sicarios irrumpieron en el poblado y mataron a siete personas.
En San Miguel Totolapan, el pasado 5 de octubre pasado, más de 300 pistoleros entraron a la cabecera, rafaguearon el Ayuntamiento y una viviendas más y asesinaron a 20 personas, entre ellas al alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre el ex presidente municipal Juan Mendoza Acosta.
En la entidad, víctimas de desplazamiento y defensores de derechos humanos han exigido al Congreso que se reforme la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero.
