El cementerio estatal forense que se tiene en el estado de Guerrero fue pionero en América Latina, para su construcción se contó con asesoría de personal de la Cruz Roja Internacional y del museo que preserva las momias de Guanajuato, actualmente tiene una capacidad de mil 120 bóvedas, que fueron construidas por una empresa particular y el gobierno adeuda las que ha utilizado para depositar restos de personas que se encuentran en calidad de no reconocidas.
El cementerio forense se inició en el año 2016, “En ese año había una crisis muy fuerte por el incremento de la violencia, vimos a un tráiler paseando cadáveres de un lugar a otro en Nuevo León, después se tuvo imágenes de una fosa común con decenas de cuerpos en Morelos y eso generó que en Guerrero se hiciera un proyecto para la construcción de un panteón que ofreciera un trató digno a los fallecidos no identificados y se pudiera preservar los cuerpos en las mejores condiciones posibles por si en el futuro se encuentra a sus familiares.
El modelo de cementerio revierte tal importancia que autoridades de al menos una decena de estados han venido a verlo para replicar el modelo en sus respectivas entidades, pues se trata de un espacio pionero en materia de atención forense.
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El proyecto requirió tener un espacio adecuado, y realizar estudios de impacto ambiental, entre otros para que se pudiera construir, por ello se enfocó en el ofrecimiento de la familia Huicochea que es propietaria del parque cementerio la Paz.
Heriberto Huicochea, uno de los socios del panteón, explicó que el panteón se construyó con los recursos familiares, y aunque no les han pagado se sigue prestando el servicio, pues el acuerdo es que los mil 120 espacios serán ocupados por el gobierno estatal, y se pagarían como si se tratara de una fosa que venden a un particular, es decir con un pago único y se asigna a perpetuidad.
El propietario señaló que en este momento el gobierno tiene una deuda de 29 millones de pesos por las dos etapas de construcción del panteón, y mencionó que para su pago se aprobaron recursos en el último año del gobierno de Héctor Astudillo, sin embargo, al final no hubo recursos suficientes y no le entregaron el dinero “hoy estamos en espera de que se pueda cubrir ese adeudo, porque nosotros aún con el retraso hemos seguido prestando el servicio.
Las gavetas, que albergan actualmente a 700 cuerpos sin identificar, fueron construidas sobre una especie de cisternas en las que se depositó arena y carbón que sirven como filtro para los lixiviados también cuentan con respiraderos para extraer gases y de esta forma se puede garantizar la mayor durabilidad de los cadáveres.
Las gavetas una vez que sean pagadas por el gobierno a los actuales propietarios del panteón, pasarían completamente a propiedad del estado y se podrían utilizar como cualquier tumba, es decir que a los siete años los restos, podrían declararse ya inexistentes y colocar un nuevo cuerpo en ese lugar.
Para que un cuerpo pueda ingresar al panteón forense, previamente se le tuvieron que practicar todos los estudios que en algún momento pudieran ayudar a su identificación como dictámenes de odontología forense, huellas dactilares, registro de señas particulares y la muestra de ADN.
