Las investigaciones de la llamada "verdad histórica" que se lograron al inspeccionar el basurero del municipio de Cocula, y que por casos de tortura se han ido desvaneciéndose, han sido retomadas de cero, tras el compromiso presidencial de continuar la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, en el tiradero de Tepecoacuilco, de la región norte de Guerrero.
A cinco años de la desaparición de los normalistas, sigue la incertidumbre por no saber de su paradero, por lo que padres de los desaparecidos, respaldados por normalistas y otras organizaciones sociales, mantienen la exigencia de la entrega de los videos que se tomaron en ciudad judicial de Iguala y que en dos acciones realizadas el pasado martes y miércoles, para ampliar la investigación.
El caso que no ha sido esclarecido, sumó la versión difundida por el ex coordinador de la policía comunitaria de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Chilpancingo, respecto a que tres internos tienen presunto conocimiento del paradero de los estudiantes.
Otro elemento que se adhiere a las nuevas pesquisas, y que ha dado esperanza a los familiares, son las comparecencias de quienes fueron autoridades, ex funcionarios de seguridad y todos los relacionados con las indagatorias que dieron como resultado la verdad histórica de que los estudiantes habrían sido calcinados en el basurero de Cocula.
Los registros históricos, establecen que todo parte la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, de donde, según las versiones que se han manejado a lo largo de todos estos años, tras ser secuestrados, los cuerpos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fueron incinerados en un basurero de Cocula, aunque al retomarse las pesquisas en la nueva administración federal, surgió la versión de que fue en otro tiradero, pero ahora de Tepecoacuilco, 50 kilómetros distante uno del otro.
Con maquinaria militar, peritos de la Fiscalía General de la República apoyados por policías federales y de la Defensa Nacional, realizan los trabajos de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero a cielo abierto del municipio de Tepecoacuilco.
A casi cinco años del ataque, asesinato y desaparición de los 43 normalistas, en el tiradero se pudo observar las maniobras que se realiza con retroexcavadora que remueve basura y tierra, retirada en camiones de volteo que los depositan en otro lugar del mismo terreno.
Otro factor que tendrán en contra los investigadores, es que los probables responsables que aún están en prisión, podrían ser liberados por “fallas” en la integración de la carpeta de investigación que se inició, tal y como ocurrió con el caso de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, principal acusado de secuestrar a los jóvenes desaparecidos y los 24 policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, que fueron exonerados.
Las protestas, aunque mantienen la misma intensidad del primer día, no han logrado que de manera oficial les den pistas de los jóvenes desaparecidos, por lo que los familiares, a través de movilizaciones presionan a las autoridades de retomar de manera inmediata las cuatro líneas que dejaron los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entre éstas la de investigar a los elementos policiacos del municipio de Huitzuco de los Figueroa.
Además, por investigaciones realizadas por periodistas, robustecen la tesis de que a través del rastreo de las líneas telefónicas de los celulares de los 43, que después de un año y medio de los hechos, se afirma que estuvieron funcionando en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, darán importantes pistas para esclarecer lo que pasó la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 del 2014.
La llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, que ha sido harto cuestionada por los representantes de varios organismos internacionales y nacionales, coincidieron que, está, carece de sustento científico y han conminado a la Presidencia de la República y a las instancias de procuración de justicia a que realicen una nueva investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Hasta este momento las investigaciones están como al principio, a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asumió el compromiso de esclarecer el caso Ayotzinapa, así como crear la Comisión de la Verdad, pero también tener reuniones cada dos meses con los padres de los 43, para dar personalmente seguimiento a los avances del caso.
A unas horas de cumplirse el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas, las madres y padres de los 43, sostuvieron una reunión con altos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), con quienes se acordó reiniciar las indagatorias para dar con su paradero, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el Caso Ayotzinapa, con lo que virtualmente parten de cero.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos, al término de la reunión que tuvieron con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fungió como testigo, dijo que se iniciara una nueva investigación y poder avanzar en las líneas que están pendientes de desahogar.
Como primer paso, este martes se citó a declarar al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y al ex procurador de ese entonces, Iñaki Blanco Cabrera y a Leonardo Vázquez Pérez, ex secretario de Seguridad Pública de esa entidad, por parte de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, aunque estos acudirán la próxima semana.
Pero no serán los únicos, pues también deberán comparecer los funcionarios federales que han intervenido en este caso, entre los que destacan quienes construyeron la “verdad histórica”, la cual ha sido desestimada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyos representantes en su momento reprocharon a la Presidencia de la República por insistir en esta versión.
El 3 de septiembre se tuvo un duro revés al proceso que se sigue a los detenidos como probables responsables de la desaparición de los jóvenes normalistas, cuando un juez desestimó dos tercios de las pruebas en contra de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, quien era el principal acusado de participar en el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa, al ser exonerado.
De acuerdo a la investigación que se realizó por estos hechos, del 26 de septiembre de 2014 al pasado 30 de agosto, 142 personas fueron detenidas por el caso Ayotzinapa; de ellas, 70 fueron procesadas por el delito de secuestro a los normalistas.
A lo largo de estos años, según reportes de los órganos de procuración de justicia, se han producido una serie de violaciones al debido proceso de los detenidos, incluyendo 29 casos de tortura, lo cual ha permitido la liberación de 53 presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes.
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En medio de la impotencia por estas lagunas en el caso, padres de familia de los normalistas desaparecidos en Iguala, señalaron que la esperanza sigue latente de encontrar a sus hijos con vida, de volverlos a estrechar entre sus brazos pese a que mucha gente se ha olvidado de seguir en su lucha por exigir al gobierno que digan dónde están.
Por lo que en su largo caminar y sus protestas, arrecian sus gritos de: “Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos” y de “Ayotzi Vive”, que sigue siendo su principal bandera de reclamo, a cinco años de no saber dónde están y cuál fue su destino.
