La Auditoría General del Estado detectó irregularidades por más de 700 millones de pesos en la Fiscalía General del Estado en 2022, cuando estuvo al frente de la institución Sandra Luz Valdovinos Salmerón destituida del cargo por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.
De acuerdo con el resultado de la auditoría número 2022-B-CF-64A-011-2023, algunas de las inconsistencias se hallaron en pagos de salarios irregulares a trabajadores por más de 282 millones de pesos, 120 millones en pagos de bonos no justificados y pagos no realizados al ISSSTE por casi 3 millones de pesos y 61 millones al SAT, por mencionar algunos ejemplos.
La Auditoría, Órgano Fiscalizador del Congreso de Guerrero, localizó también una diferencia de más 119 millones de pesos entre el gasto y el recurso que se transfirió a la Fiscalía sin que hubiera aprobación para reasignarlos.
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“Se identificó que la entidad fiscalizada realizó modificaciones presupuestales por un monto de 119 millones 095 mil 128 pesos de las cuales no acreditó que fueron validadas y autorizadas con antelación, toda vez que el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero es de fecha quince de febrero del año dos mil veintitrés”, señala el documento.
Además, se constató que devengó un importe total de 138 millones 785 mil 434 pesos y 46 centavos en partidas específicas que no contaron con suficiencia presupuestal, es decir en gastos que no debería realizar la Fiscalía.
En el resultado de la auditoria, se precisa que la fiscal debe devolver, tan solo del pago de bonos al personal, sin presentar la documentación comprobatoria y justificativa, 120 millones 506 mil 299 pesos más los intereses que se generen por el uso de estos recursos.
Hace dos años la Fiscalía tuvo una asignación de recursos por el orden de los mil 573 millones 815 mil 946 pesos y 22 centavos de los cuales se realizó la revisión del 81 por ciento, es decir mil 281 millones 591 mil 563 pesos.
Las irregularidades fueron detectadas en la mayor parte del dinero, al grado que la Fiscalía ni siquiera entregó el presupuesto de ingresos y egresos para que se les asignara el presupuesto.
La omisión detectó que se hicieron pagos indebidos por un monto de 466 mil 616 pesos, por ello se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública del estado de Guerrero.
Ante ello la Auditoría Superior del Estado de Guerrero emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos sin que en el documento se especifique quienes fueron los directamente responsables.
Una de las anomalías detectadas que se resalta es la que corresponde al pago de salarios, prestaciones y estímulos, donde se localizaron irregularidades por un importe de 282 millones 32 mil 881 pesos que se pagaron de más en comparación con lo que se debió pagar considerando el tabulador de salarios de la institución.
Ante la observación la Fiscalía entregó pólizas contables sin documentación comprobatoria y justificativa, pero no fue suficiente para aclarar la diferencia entre el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos y el Concentrado de nóminas de sueldos, salarios, compensaciones y demás remuneraciones pagadas. Por lo que se inició un segundo proceso administrativo sancionador.
“La entidad fiscalizada no presentó la documentación comprobatoria y justificativa consistente en pólizas contables con su documentación soporte, para verificar que los sueldos pagados no exceden al tabulador autorizado y que no se hayan realizado pagos posteriores al personal que causó baja definitiva o solicitado licencias sin goce de sueldo”, señala el análisis.
Otro rubro observado es el que tiene que ver con el pago de bonos donde se realizaron pagos por concepto de bonos al personal, sin presentar la documentación comprobatoria y justificativa por un importe de 120 millones 506 mil 299 pesos y hasta la elaboración del informe no logró entregar la información correspondiente a estos bonos.
“Presentó Lineamientos para el pago de bonos a los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado y oficios mediante los cuales se solicita el pago de bono de riesgo, ésta no acredita que cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa para el otorgamiento de bonos”. Por ello se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública y la fiscal debe devolver los 120 millones 506 mil 299 pesos más los intereses que se generen.
“Por concepto de pago de sueldos y salarios correspondientes al ejercicio fiscal 2022, se determinó que existe una diferencia por un importe de 494 millones 873 mil 136 pesos sin que presente la documentación comprobatoria y justificativa que aclare la diferencia” y es que la Fiscalía no presentó la documentación que integra los expedientes de cada trabajador y no se pudo constatar que estuvieran desempeñando una actividad. “no se acredita la existencia, control y la debida integración de los expedientes del personal”.
Por el ejercicio fiscal 2022 la Fiscalía dejó de pagar al ISSSTE un total de dos millones 652 mil 984 pesos con 52 centavos, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, tampoco pagó al SAT el Impuesto Sobre la Renta al que se reportó un adeudo de 61 millones 812 mil 233 pesos correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2022.
La Auditoría también detecto adquisiciones de bienes muebles por más de 8 millones de pesos que no tuvieron procesos de licitación ni adjudicación y otros 10 millones 135 mil 322 pesos sin presentar los pedidos o contratos suscritos, cotizaciones, requisiciones de las áreas solicitantes, evidencia de la entrada y salida del almacén y recepción de bienes por los usuarios finales, evidencia de los trabajos realizados y bitácora fotográfica que compruebe y justifique el ejercicio de los recursos, en el transcurso de la auditoría entregó documentación que avaló más de nueve millones y quedó uno como faltante de comprobación, que se consideraron daño al erario y deben devolverlos.
La Fiscalía realizó pagos por concepto de combustible, por un importe de 16 millones 921 mil 245 pesos sin presentar las bitácoras de suministro de combustible a vehículos oficiales, así como, tickets que acrediten el gasto efectuado.
El 19 de octubre de 2022, la Fiscalía pago por concepto de compra de uniformes 231 mil 34 pesos mediante transferencia bancaria a cuenta del proveedor, presentando Comprobante Fiscal Digital por Internet de fecha 17 de octubre de 2022 por el mismo importe, sin embargo, en el portal de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del SAT se constató que se encuentra con estatus de CFDI cancelado.
“Así mismo, en la póliza de diario D12LAP0347 de fecha 31 de diciembre de 2022, por concepto de comprobación de gastos se detectó que se consideró el mismo Comprobante Fiscal Digital por Internet como parte de la comprobación de gastos; por lo anterior, se determinó que ambas pólizas contables no cuentan con documentación comprobatoria y justificativa que acredite el ejercicio de los recursos por un importe total de 462 mil 69 pesos.
Al final hicieron el cambio de la factura por una activa, pero se mantiene el desvío por haberla usado en dos comprobaciones.
La Auditoría también reveló que se hicieron pagos de viáticos de manera irregular y sin la debida comprobación por un monto de un millón 926 mil 35 pesos, “registrando el gasto como pagos de compensaciones por desempeño, gastos extraordinarios al personal administrativo y erogaciones extraordinarias al personal administrativo, sin que presente la documentación que justifique el ejercicio de los recursos”.