Un procedimiento de Auditoría Superior de la Federación determinó sanciones y procedimientos legales en contra del aspirante a Fiscal General del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz y otros ex funcionarios que laboraron en la representación social en el año 2014 por un presunto desvío de recursos cercano a los seis millones de pesos.
De acuerdo con el documento en poder de El Sol de Acapulco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), inició una indagatoria que concluyó en la desviación de recursos en la administración del hoy aspirante a Fiscal, quién deberá retribuir el monto total.
Lee también: Reducción de salarios a mandos e igualdad de género en la FGE
Caso contrario, el SAT podría iniciar un procedimiento para embargar sus propiedades.
Los recursos de los que se presume mal uso, con base a la información que se desprende de los documentos, fueron federales y se habrían desviado hace siete años bajo compras que fueron simuladas.
En 2014, el catedrático universitario Rogelio Ortega Martínez, presidía el gobierno de Guerrero, luego de la salida de Ángel Aguirre Rivero de la administración por la desaparición de 43 estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala.
En febrero del 2017, el contralor interno de la Fiscalía Ernesto Acevedo Hernández, envió un oficio al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción Nestor Fiallo Samayoa, en el que da vista de las irregularidades que se detectaron y que atribuyen a Godínez Muñoz y al ex Vicefiscal de Control Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia José Romeo Espino Contreras.
Las irregularidades
En el expediente FGE/CI/DGFR/008/2017-II, se incluye también al ex director general de presupuesto y administración, Eduardo Valbuena Herrera, así como al ex contralor interno Juan Manuel Martínez Utrilla “todos ex servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero por haber incurrido en irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones”.
Según el documento, las “irregularidades” de los ex funcionarios antes citados consistieron “en la irregular integración de los expedientes técnicos de los contratos del nuevo sistema de justicia penal, de bienes para la instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro, genética forense, huella balística y rastreo y computarizado de armamento y licencia para consulta de equipo geolocalización en el combate del secuestro”.
La indagatoria compuesta de 810 fojas útiles, refiere que de ésta “se desprenden posibles conductas ilícitas” atribuidas a los mencionados.
Tras el fallo de la Auditoría Superior, se ordenó a finales de febrero del 2017 una revisión al secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en ese año presidida por Mario Ramos del Carmen, en la administración de Héctor Astudillo Flores, le inicie procedimiento administrativo y sancione a los ex servidores públicos involucrados.
De la indagatoria de las instancias auditoras, se desprende que en el 2014 se simularon compras de estas herramientas y cuando se hizo la revisión no se encontraron los objetos comprados.
Millonario desvío
La Auditoría Superior establece que hubo desvío y ahora compete a la Contraloría estatal sancionar con la inhabilitación al aspirante a Fiscal, como a los otros funcionarios implicados en el desvió de seis millones de pesos, recursos del erario federal.
El 13 de septiembre del 2017, el Enlace para la Atención de Auditorías del gobierno del Estado de Guerrero Eladio Bernal Casarrubias tuvo conocimiento de las irregularidades cometidas en la Fiscalía General del Estado, mediante un oficio girado por Francisco Javier Hernández Ruíz, encargado de la vicefiscalía de control, evaluación y apoyo a la procuración de justicia.
En el documento, se precisan los conceptos de las irregularidades detectadas y en el que “se presume un daño a la hacienda pública Federal por un monto de $4,498,183.56 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 56/100M.N).
En un segundo punto se presume un perjuicio a la hacienda pública Federal por un monto de $134,945.50 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.M.) por la falta de la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes.
Otro de los puntos presume un daño a la Hacienda pública Federal por un monto de $1,396,637.45 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.) más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por 4 conmutadores de datos pagados que no fueron localizados debido a la falta de entrega por parte del proveedor en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetos objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal
También se presume un perjuicio a la hacienda pública Federal por un monto de $79,181.22 (SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.) por la falta de aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes
Hernández Ruíz notificó que el Órgano de Control de la Fiscalía inició el 26 de julio del 2016 una investigación respecto a los contratos involucrados en contra de quienes resulten responsables.
Al año siguiente, el 16 de marzo elevó un procedimiento administrativo en contra del ex y hoy aspirante a Fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz, al ex Vicefiscal de Control Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia José Romeo Espino Contreras, al ex director general de presupuesto y administración Eduardo Balbuena Herrera, así como al ex contralor interno Juan Manuel Martínez Utrilla “por la posible comisión de conductas ilícitas” que se incluyen en el expediente FGE/CI/DGFR/008/2017-II.
