La Asociación Civil “Ciudadanos Uniformados”, que agrupa elementos policiales de diversos estados de la República y de corporaciones como Guardia Nacional y Policía Federal, lanzó una convocatoria para manifestarse en Chilpancingo en contra de la militarización de la Fiscalía General del Estado y el despido injustificado de agentes del Ministerio Publico y otros trabajadores de esta Institución.

La manifestación se tiene programada para el próximo viernes 24 de febrero a partir de las ocho de la mañana, con punto de concentración en la propia Fiscalía General del Estado, desde donde saldrían en marcha hacia el recinto del Poder Ejecutivo para buscar tener una mesa de diálogo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien le presentarían un pliego de demandas.

A través de sus redes sociales, Iván Emmanuel Chávez Espejel, presidente de la asociación, indicó que apenas el pasado martes fue despedido de manera injustificada uno de los miembros de su agrupación en el estado de Guerrero, lo mismo que su esposa que también laboraba en la Fiscalía.

Calificó como muy grave la situación que los policías ministeriales y los agentes del ministerio público están enfrentando, tanto por las condiciones de inseguridad, como por las políticas represivas que han impuesto los estados en los que gobierna el partido Morena.

“Desde que asumió el poder el actual gobierno la Fiscalía General del Estado se ha militarizado y los mandos traen instrucciones completamente arbitrarias, por eso se tiene situaciones graves en el municipio de Acapulco y otros de Guerrero”.

Los trabajadores de la Fiscalía de Guerrero tienen un pliego de demandas que incluye la reinstalación de alrededor de 100 trabajadores que han sido despedidos de forma injustificada, a los que ni siquiera les dieron el derecho de audiencia antes de echarlos a la calle.

Que se nombren mandos civiles en las áreas sustantivas de la institución y no se militarice más la corporaciones, que se actualice y pague el seguro de vida de todos los trabajadores de la Fiscalía sin importar el área de adscripción, porque finalmente todos se encuentran en riesgo sólo por trabajar en esta instancia procuradora de justicia.

Asimismo, que se respete el Servicio Profesional de Carrera de acuerdo con la ley orgánica de la Institución, que cese el hostigamiento a los trabajadores y especialmente a los dirigentes del sindicato de trabajadores, que los cargos de trabajo se asignen mediante un concurso de oposición y que se incremente el bono de riesgo.