A casi dos meses de ser secuestrada por civiles armados en la Fiscalía Regional de Coyuca de Catalán, la agente del Ministerio Público, Patricia Jaquelín Salgado González, denunció que sufre acoso por parte de la propia Fiscalía General del Estado (FGE) y teme por su vida por no contar con medidas cautelares.
En conferencia de prensa, la representante social, sin poder contener el llanto, denunció que es objeto de hostigamiento por parte de la misma FGE y ante el temor de que atenten en contra de su vida, cambio su apariencia física y ha tenido que esconderse, literal, porque no cuenta con ningún tipo de protección a pesar de la amarga experiencia que sufrió al ser privada de su libertad por hombres armados.
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Con el objeto de poder ilustrar cómo llegó hasta esta situación, explicó que aceptó el cargo de Fiscal Regional en el municipio de Coyuca de Catalán, región de la Tierra Caliente, “por instrucción de mi Fiscal General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien me prometió que me iban a aumentar mi sueldo y darme la plaza como agente titular del Ministerio Público”.
Por cuestiones laborales y porque soy madre soltera, accedí a ocupar el cargo, pero el 21 de agosto del año en curso, personas armadas llegaron hasta las oficinas y de forma directa preguntaron por mí, al identificarme observé que al único Ministerial que ahí se encontraba le pusieron la pistola en la cabeza, por lo que obedecí cuando me dieron la orden de acompañarlos, dijo.
Al salir de las oficinas se percató que los civiles armados viajaban en dos camionetas, la subieron a una y la esposaron, además le taparon los ojos y anduvieron dando vueltas, solo descendía para ir al sanitario, hasta que la interrogaron si había participado en cateos y decomisos de vehículos en la Región de la Tierra Caliente, al responderles que no y que tenía apenas una semana en el cargo, la dejaron de interrogar.
La fiscal, Salgado González, dijo que el 22 de agosto a las 20:30 horas la dejaron en libertad en una carretera de terracería, ahí la encontraron unas personas que caminaban por esa zona y fueron quienes la acompañaron hasta la agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, “nadie me rescató, llegue por mis propios medios”.
Indicó que se comunicó con sus familiares y después fue atendida por el médico legista, quien se percató que tenía las piernas hinchadas debido a que en ningún momento le permitieron bajar del asiento posterior de la camioneta en la que estuvo privada de su libertad, cuando pudo acudió con la Fiscal General del estado, Sandra Luz Valdovinos, pero ni atendió a su familia ni a ella, “siempre fue descortés”.
Para su sorpresa le quitó el bono de riesgo, la bajó de categoría a agente auxiliar y la reasignó en la agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar en el puerto de Acapulco, pero se negó a proporcionarle medidas cautelares, a pesar del riesgo que corre de ser privada de la vida.
Tampoco autorizó mi plaza, tuve que meter un amparo y pedir que se respetara el compromiso de la Fiscal General, Valdovinos Salmerón, de incrementar mi salario y subir mi categoría, pero lo declararon nulo a pesar de que cuento con los oficios y le sigo dando seguimiento a la denuncia por privación de la libertad personal, que sufrí a manos de los civiles armados.
Pese a este episodio que le cambió la vida, no ha recibido ninguna medida de protección personal y para colmo, este 12 de octubre llegaron hasta su domicilio una camioneta con el número PM-325 de la Policía Ministerial y dos camionetas más tipo Ram, con civiles armados, buscándola.
Ante esta situación, solicitó información del porqué allanaron su domicilio en donde renta y nadie le ha podido dar una respuesta, pero sí logró indagar que este tipo de camionetas rotuladas las traen únicamente el personal de elite de militares que acompañan a la Fiscal General, Sandra Luz Valdovinos, lo que es un claro acoso, pero ahora de su propia oficina y teme por su vida.
