La conversión a deuda pública de más de dos mil millones de pesos que el gobierno del estado adeuda al ISSSTE por cuotas obrero-patronales será un beneficio para los trabajadores que en este momento tienen suspendidas 20 de las 21 prestaciones que otorga el Instituto, señaló la líder del sindicato de Salud, Beatriz Vélez.
Cuando aún se encontraba instalada la anterior legislatura el gobernador Héctor Astudillo envió una iniciativa para que la deuda que el gobierno del estado tiene con el ISSSTE por no haberle transferido las cuotas obrero-patronal, se convierta en deuda que el estado pagaría en ministraciones mensuales durante los próximos 15 años con eso se garantizaría el pago a la institución y los derechos de los empleados, pero esta iniciativa no fue llevada a discusión.
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Actualmente los trabajadores de Salud no pueden acceder a créditos, no son candidatos a adquirir una vivienda a través del Fovissste, en caso de muerte los familiares de los trabajadores no pueden acceder a prestaciones como seguros de vida y están registrando problemas de cobro de intereses moratorios en los pagos de créditos.
“El único derecho que no nos ha sido suspendido es el del servicio médico pero aún ese tememos que en cualquier momento se pueda cancelar debido al adeudo que se tiene”.
Aunque el adeudo lo generó el gobierno del estado al no haber transferido los recursos al ISSSTE, los trabajadores son los que tiene el adeudo pues se trata de sus cuentas individuales del Sar las que no lo han recibido, sus créditos son los que no se han pagado y generan intereses moratorios que tendrán que pagar y no pueden acceder a créditos y el gobierno del estado, generador del problema es al único que no le genera ningún inconveniente la deuda.
Al convertir en deuda pública se reconocería al gobierno estatal como deudor y no al trabajador, sin embargo eximiría de responsabilidad al actual gobierno de Héctor Astudillo que fue quien no realizó las transferencias en tiempo y forma.
Incluso la acción del gobierno estatal se puede considerar como un desvío de recursos y un daño a la hacienda estatal, pues parte del dinero que debió transferir es el que descontó a los trabajadores cada quincena y no los reportó al Instituto.
Del adeudo de dos mil millones de pesos sólo poco más de 600 millones corresponden a la deuda generada en el gobierno de Héctor Astudillo, el resto es deuda que se arrastra de administraciones anteriores, al menos desde el gobierno de Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega.
La conversión a deuda publica sería similar a lo que se hizo con el Fobaproa en que para proteger el patrimonio de los ahorradores el estado absorbió la deuda de los bancos, ahora para rescatar a los trabajadores se tiene que reconocer la deuda histórica y garantizar que será pagada por el gobierno del estado.
