Ante el creciente problema de inseguridad que se padece en Guerrero, algunas escuelas privadas han tenido que contratar personal armado y colocar cámaras de seguridad, para garantizar la seguridad de los alumnos y personal docente.

El tema de la violencia se ha extendido a la mayor parte de la geografía del estado, a pesar del arribo de miles de militares y de la Guardia Nacional, que apoyan a la Policía Estatal a reforzar los operativos de seguridad en los municipios de mayor problemática delictiva.

Este cáncer social ha obligado a los empresarios de la educación a tomar medidas preventivas, dentro de sus posibilidades, toda vez que es costoso contratar personal armado y solo algunos tienen la capacidad económica de cubrir estos gastos.

El profesor Celso Sánchez Castillo, vocero de la Asociación de Escuelas Privadas del Estado de Guerrero, explicó que la incesante violencia les preocupa a todos los empresarios del ramo, quienes representan a más de 700 planteles privados que hay a lo largo y ancho del territorio guerrerense.

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Los municipios con mayor incidencia de violencia son: Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo. Algunos han tenido que contratar personal armado para vigilar los accesos de sus planteles y colocar cámaras de vigilancia en prevención de cualquier suceso de inseguridad.

Sánchez Castillo dijo que en su caso, dos de sus colegios "Simón Bolívar", de Acapulco, cuentan con guardias privados provistos de armamento para reforzar la seguridad al interior y exterior de los planteles, siempre en alerta para hacer frente a cualquier hecho de violencia.

Aseguró que en las escuelas privadas no tienen reportes de deserción escolar por la inseguridad, por el contrario en el presente ciclo escolar se aumentó, luego de la baja que sufrieron por la pandemia del Covid-19.

Pero también los integrantes de la Coparmex, han hecho la denuncia pública que la mayor parte de sus socios paga la extorsión a los grupos antagónicos vinculados con el crimen organizado, pero también que no denuncian por miedo a las represalias de los delincuentes.

Mientras que los propietarios de los bares y centros nocturnos, alertaron que agoniza la vida nocturna en este destino de playa, debido a la violencia han cerrado varios negocios por amenazas de muerte y por exigirles el pago de la extorsión.

Todos coinciden que la estrategia de seguridad ha sido un fracaso, porque las ejecuciones y balaceras, son parte de la cotidianidad, tan es así que a unas horas de que concluya el mes de mayo han sido victimadas 47 personas, entre hombres y mujeres.