El dirigente de la Canaco en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney urgió la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y frenar la ola de extorsiones y amenazas que integrantes de la delincuencia organizada realizan en contra del gremio del transporte, así como del sector empresarial ante la incompetencia de la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
En entrevista, hizo un llamado al Congreso de Guerrero para que diputados evalúen el trabajo que está realizando la Fiscalía de Guerrero porque no están dando resultados como es el caso de los crímenes de alto impacto del fuero común que no están resolviéndolo.
“Los últimos asesinatos de empresarios en Acapulco no se han esclarecido como es del propietario de la taquería Cheli, el de Ricardo Taja y todo lo que ha venido pasando y mientras haya impunidad va continuar el grave problema donde el delincuente va seguir atentando contra la sociedad”, precisó.
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Dijo que los delitos del fuero común que es responsabilidad de la Fiscalía no lo están haciendo como el detener a quienes están amenazando a dirigentes del transporte público.
Alejandro Martínez, comentó que muchos empresarios no se atreven a denunciar que son víctimas del delito de extorsión y quienes lo hace es a través de canales alternos como son las cámaras empresariales quienes tiene una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien es el que está atendiendo los casos de extorsión en lugar de hacerlo la Fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, quien solo ha mostrado incompetencia para dar resultados en la denuncia.
El presidente de la CANACO dijo que el área de inteligencia de la policía estatal, ha atendido cuatro denuncias que se han hecho por extorsión vía telefónica a empresarios.
El día sábado, Martinez Sidney fue víctima del delito de extorsión vía telefónica, y su caso lo denunció ante la Policía Cibernética el cual le fue resuelto de inmediato donde además le mandaron la ubicación de qué la llamada fue hecha desde el reclusorio del Estado de México.
Asimismo insistió que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de los delitos de extorsión que están sufriendo empresarios y taxistas, que en este último caso está afectado todavía la economía al generar daños por más 400 millones de pesos.
“La extorsión que están sufriendo los taxistas, es un tema que está perjudicando también al sector empresarial, por eso pedimos una acción coordinada con la Fiscalía General de la República ante la falta de resultados de la Fiscalía de Guerrero y hay mucha impunidad”, precisó.