Tras reafirmar que se recibió un municipio en total quebranto financiero, la titular de la Contraloría General, Transparencia y Modernización del ayuntamiento de Acapulco Arely Ascencio López, informó que la deuda general que dejó la pasada administración del ex presidente Evodio Velázquez Aguirre, hasta el 30 de septiembre asciende a dos mil 779 millones 124 mil 429 pesos.
En conferencia de prensa realizada ayer en la sala de cabildo y en la cual estuvo presente la alcaldesa Adela Román Ocampo, funcionarios y regidores, la contralora municipal, dijo que fueron varias las irregularidades que se detectaron en la entrega recepción de cada una de las dependencias que forman el Ayuntamiento como obras públicas, recursos humanos, finanzas, desarrollo social, seguridad y patrimonio de muebles e inmuebles.
Arely Ascencio López, indicó que el informe que representa el resultado final de la entrega recepción, se dividió en siete apartados, el primero el rubro contable en donde se detectaron irregularidades que ascienden a los 471 millones 632 mil 252 pesos, esto debido a conceptos como préstamos económicos que el municipio ha realizado a la Capama, así como un momento económico por nueve millones 207 mil 724 pesos que fueron recursos entregados a ex servidores públicos los cuales no comprobaron al término de su gestión.
En cuanto a los principales adeudos que se detectaron por pasivos se encuentran, las retenciones, contribuciones y sueldos por pagar por un monto de 816 millones 333 mil 935 pesos, entre los principales compromisos que no se cumplieron por la pasada administración, se encuentran las cuotas al ISSSPEG, ISSSTE e INFONAVIT, además del ISR, el impuesto del dos por ciento al estado, “todos estos retenidos en sus cuotas a los trabajadores, y no entregados en su momento a las instituciones correspondientes.
Asimismo, se detectó un adeudo de 682 millones 299 mil 310 pesos que corresponden a proveedores de bienes, servicios y contratistas de obras, en cuanto al rubro de recursos humanos correspondiente al segundo apartado del proceso de entrega recepción, la contralora indico que la pasada administración dejó una plantilla hasta el 30 de septiembre de ocho mil 660 trabajadores entre sindicalizados, supernumerarios, confianza y lista de raya, lo que asciende al costo bruto mensual de la nómina de 111 millones 771 mil 484 pesos.
“Señalamos que la administración anterior no pago la nómina correspondiente a la segunda quincena del mes septiembre, ni tampoco dejó los recursos disponibles para el pago de aguinaldos, prima vacacional y demás prestaciones, todo esto asciende a un momento económico total de 244 millones 796 mil 885 pesos, hacemos mención que las cuentas bancarias para el pago de las nóminas contenían solo un saldo de tres millones 597 mil 344 pesos, insuficientes para hacer frente a los gastos”, expresó la contralora Arely Ascencio.
En el tema de las gestiones de los recursos federales, se encontraron irregularidades en la ejecución de los programas, obras y acciones por un monto de 856 millones 793 mil 88 pesos, “entre las irregularidades en este apartado se encontraron programas, obras y acciones presupuestados sin suficiencia económica, sin soporte documental, pagos de obras sin propuestas de inversión, además de traspasos entre cuentas bancarias de fondos y programas federales.
En otro rubro la funcionaria municipal, añadió que se detectaron pliegos de observaciones derivados de las auditorías practicadas por dependencias fiscalizadoras, los cuales arrojan importes importantes de reintegro, hay 12 pliegos pendientes de solventar por un importe de 503 millones tres mil pesos y 12 pliegos más por 138 millones 482 mil pesos, estos pliegos corresponden a los ejercicios fiscalizados 2015, 2018.
Sin dar a conocer los nombres, la contralora, inf9ormó en la conferencia de prensa que hasta el momento, solo 14 ex funcionarios de la pasada administración se han presentado a comparecer en torno a estas irregularidades que se han encontrado en cada dependencia de gobiernos, y advirtió que en caso de que no se aclaren las observaciones que se tienen, se dará inicio a los procedimientos de irresponsabilidad administrativa, y en su caso se impondrán las acciones correspondientes en términos de la ley 465 de responsabilidad administrativa además de podría dar vista a la Fiscalía General del Estado.