El Auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta, afirmó que la administración 2015-2018, encabezada por ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre, mantiene irregularidades en los rubros financieros y de obra pública de los años 2016 y 2017, que a la fecha no han sido subsanadas, y agregó que en enero fiscalizarán el uso de recursos que se hicieron del 2018.

En entrevista, al encabezar junto con la alcaldesa Adela Román Ocampo el evento de inicio del curso taller denominado “Seguimiento al Proceso de Entrega Recepción de la Administración 2015-2018 y 2018 a la 2021”, el auditor estatal explicó que son un total de 30 las observaciones que se hicieron en el proceso de fiscalización de estos dos años, y ninguna de éstas ha sido subsanada por los funcionarios de la administración que recientemente concluyó, tal y como lo dice la ley.

“Tenemos las auditorías del 2016 y del 2017 y hay irregularidades que se les dieron a conocer en el término de ley, y estamos esperando que presenten la documentación para que las solventen, y en caso de que no lo hagan, la Auditoría Superior del Estado daría paso a los procedimientos en términos de ley en contra de quienes resulten como responsables de estas irregularidades que se detectaron”, dijo Damián Peralta.

En cuanto a la fiscalización del uso de los recursos públicos que ejercieron en este último año los funcionarios de la pasada administración, el titular de la Auditoría Superior del Estado expresó que empezarán en el mes de enero a la revisión, por lo que si hay alguna irregularidad se dará a conocer a la luz pública.

Por otro lado, al referirse a la situación del resto de los ayuntamientos del estado, dijo que sólo en dos municipios, Zirándaro y Tecoanapa, se han iniciado actas circunstanciadas porque los ex presidentes municipales y los ex servidores públicos no se han presentado a los procesos de entrega-recepción para ninguna área del Ayuntamiento.

Dijo también que según la ley 213, serán los mismos ayuntamientos en función los que procedan de manera legal si se detectan irregularidades en la entrega-recepción, debido a que la Auditoría Superior no es la instancia correspondiente para dar inicio a este tipo de acción legales.