Un descontento social ha generado el anuncio de que el próximo lunes empezarán a operar los nuevos parquímetros que se han instalado en calles aledañas a la costera Miguel Alemán y el primer cuadro de la ciudad, pues aparte de pagar una multa de 160 pesos por rebasar la hora, los usuarios corren el riesgo de que su vehículo sea inmovilizado.

Yinis Antonio Reynoso, en su carácter de gestor social y líder de colonos, lamentó que el gobierno municipal sea incongruente, porque primero defendió la gratuidad del estacionamiento en las tiendas comerciales y de conveniencia, pero por otro lado va a cobrar por estacionarse en las calles.

Lo grave es que incrementa la infracción de 30 pesos que costaba con los viejos parquímetros a 160 con los nuevos aparatos, pero aún más, que se colocarán las llamadas “arañas” a los automóviles, cuyos propietarios no paguen los seis pesos que cobrarán a los residentes y ocho a los foráneos.

Precisó que este nuevo arancel es injusto y no toma en cuenta la difícil situación que se padece por la violencia e inseguridad, además de que no se ofrece ninguna garantía a los propietarios de los automotores de que no serán víctimas de robo o vandalismo, porque no garantiza que no se tenga daños.

En ese mismo tenor, el presidente de la Red de Organizaciones para Transformar México, Julio César Bello Vargas, dijo que es necesario realizar protestas y que, en todo caso, se pague la misma multa y que no se inmovilice los vehículos, sino que se les quite la placa.

También coincidió que es momento de defender el derecho de estacionarse en la vía pública y no permitir que se concesione, “que el gobierno municipal ponga el ejemplo y que no propicie la invasión de los espacios públicos por comerciantes informales, porque con su ejemplo es lo que está fomentando”.

El ex dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Raúl Iracheta Montoya, también expresó su total rechazo a la puesta en marcha del funcionamiento de los nuevos parquímetros, porque están de acuerdo con los empresarios y líderes de organizaciones sociales, que no se debe permitir que se concesionen las calles y que en todo caso mejore la recaudación del impuesto predial y otros servicios que cobra el Ayuntamiento.