El área jurídica del gobierno municipal de Acapulco interpuso una demanda penal ante la agencia del Ministerio Público para que inicien las investigaciones sobre la venta de licencias de conducir no oficiales que se ofrecen a través de las redes sociales a un bajo costo.

La secretaria de Gobierno, Irma Graciela Lee González, informó que la demanda penal quedó registrada con el número 142/2022 y se procederá legalmente para evitar la falsificación.

En conferencia de prensa que ofreció a algunos medios de comunicación, invitó a la ciudadanía a no formar parte de ese tipo de actos ya que podrían ser sancionados también.

“Las licencias de conducir actuales expedidas por el Ayuntamiento cuentan con distintos códigos de seguridad y autenticidad, para nosotros la Coordinación de Movilidad y Transportes es la única dependencia autorizada para expedir licencias de conducir, se invita a la ciudadanía a no caer en este tipo de acciones ya que estarían cometiendo un delito”, afirmó Lee González.

A su vez, el coordinador de Movilidad y Transporte, José Ramírez Arregín, precisó que la dependencia a su cargo es la única facultada para expedir las licencias de conducir y dijo que por el momento la Coordinación no cuenta con trámites en línea, motivo por el cual llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar.

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Pidió a la ciudadanía acudir de manera personal a las oficinas a realizar los trámites, cuyos costos son accesibles y no hay necesidad de que la población recurra a ese tipo de actos.

Por su parte, el director de Sistemas y Comunicaciones del Ayuntamiento, Manuel Flores, expuso los procedimientos que pueden seguir los ciudadanos para verificar si las licencias son auténticas o apócrifas y añadió que los nuevos formatos cuentan con código QR, que al ser escaneados, te llevan directamente al portal oficial para corroborar la información del ciudadano.

El secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano Pérez, dijo que por indicación de la alcaldesa se busca erradicar la corrupción de raíz y la falsificación de licencias que ha sido un problema constante y se trabajará para evitar la venta ilegal de este tipo de documentos.

El director de Asuntos Jurídicos, Jesús Mendiola Villegas, dio a conocer que con fundamento a lo establecido en el Artículo 243 del Código Penal Federal relativo a la falsificación de documentos en general, este delito se puede sancionar con una pena que va 4 a 8 años en prisión y de 200 a 360 días de multa.