El senador de la República, Manuel Añorve Baños, sostuvo que el “Plan B” de la reforma electoral, presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretende ahorcar al Instituto Nacional Electoral (INE) para que no se sancione a los que se promueven con recursos públicos con miras a participar en la renovación presidencial.
Entrevistado, luego de impartir la conferencia sobre “Reforma Electoral” en la Universidad Americana de Acapulco, en donde criticó que las “corcholatas” hayan iniciado el proceso electoral en la tercera semana de noviembre, cuando normalmente empieza a partir del primero de septiembre, evidentemente que con el Plan B, podrán seguir promoviendo su imagen con recursos públicos y no se les sancione.
Además, también se busca a través de esta reforma, reducir las casillas al disminuir la planta del INE a 6 mil personas, obviamente, con el propósito de sacar provecho con los programas electoreros que maneja el gobierno y luego entonces, ya no será una elección democrática si no una elección de acarreados.
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El legislador federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Añorve Baños, refirió que esto de ninguna manera es correcto, porque rompería los equilibrios democráticos de este país, por eso ya se presentaron controversias Constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tenemos toda la confianza en la corte para que el plan b no pase, se suspenda y queden las elecciones como están en estos momentos, porque las corcholatas se siguen moviendo y tienen hasta noviembre de poder hacerlo, en el supuesto que prospere la reforma del presidente López Obrador, precisó.
Indicó que ahora solo resta esperar la resolución de la corte, que tendrá que emitir su resolución antes del mes de junio, para preservar la certidumbre de las elecciones del 2024.
Por otra parte, el senador Manuel Añorve, informó que este miércoles en sesión de la Cámara alta, se aprobó de imponer cárcel con penas de 22 años a quien venda a una niña o hija para un matrimonio forzado, pero también solicitó a la Secretaría de Gobernación que se socialice esta resolución a los pueblos indígenas en sus diferentes lenguas.
Con esto, dijo, se pretende que conozcan las consecuencias de incurrir en este delito, pues de no acatar la ley, podrían recibir penas por 22 años de prisión, por seguir con estas prácticas que, por desgracia, Guerrero, sigue siendo ejemplo de los matrimonios forzados.