Damnificados del fraccionamiento Pedregal de Cantaluna del condominio número 12, denunciaron ante los medios de comunicación la intimidación que están sufriendo por parte de la empresa constructora Paquimé.
Vecinos afectados por el sismo de magnitud 7.1 registrado el 7 de septiembre explicaron que el pasado 14 de octubre agentes del Ministerio Público se presentó en la unidad habitacional con un citatorio para 4 personas, con fecha de cita el 18 de octubre a la una de la tarde en el Ministerio Público para que acrediten con sus documentos su propiedad.
Guadalupe García, propietaria de una vivienda dijo “nos acusan de que no los estamos dejando trabajar cuando hay varias personas laborando”.
Lee también: Afectados de Cantaluna se manifiestan en el Infonavit
Señaló que una consecuencia del sismo decidieron con los vecinos cerrar con candados el acceso principal al condominio 12, para evitar sufrir robos, “se están generando actos de rapiña en todo el fraccionamiento por estar solo”.
Enfatizó en temer por sus vidas ya que en días anteriores se han presentado carros lujosos en la unidad habitacional con vidrios polarizados, “tememos en encontrar gente desconocida en nuestras casas y no poderlos sacar”.
Detallar que después de 2 semanas del sismo se presentó por primera vez trabajadores de la constructora Paquimé, iniciaron trabajos en departamentos que llevan 9 meses de retraso en su entrega, sin la supervisión de algún especialista como lo marca el dictamen de protección civil estatal.
Reportaron que con los trabajos sus departamentos comienzan a “cimbrar ya desprender material del aplanado de los primeros pisos, debilitando a un más los edificios y siendo más peligrosos para los habitantes y trabajadores, hemos buscado al apoderado legal de la empresa al Licenciado Serrano y no hay respuesta ”Dijera damnificada.
Por su parte, Francisco Zamacona resaltó que ellos no son delincuentes para que les manden a agentes ministeriales, “somos condominos, no queremos quedarnos con ningún departamento, defendemos nuestra propiedad, nuestros muebles que siguen dentro de los departamentos”.
Agregó que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para hacer valer sus derechos ante su vivienda.
El afectado necesario que en un documento de las Naciones Unidas habla de la habitabilidad donde se señala “que la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física, si no proporciona suficientes así como protección contra el frío, humedad, calor, lluvias, viento, u otros riesgos para la salud o peligros estructurales y en esta última se encuentran nuestras viviendas en estos momentos ”.
Los damnificados expresaron que si la empresa quiere seguir trabajando deben acatar el dictamen de Protección Civil Estatal, porque dice claro que no se puede trabajar sin la supervisión de los expertos en construcción.
“La empresa lejos de dar una solución viene a amedrentarnos como vecinos. Nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, protegiendo a nuestras familias, hijos, adultos mayores y cuidando nuestro patrimonio y tratando de rescatarlo ”, finalizó Guadalupe García.