Empresarios acapulqueños celebraron que las primeras horas de este miércoles 23 de febrero entrará en vigor la Ley de Vías Generales de Comunicación con multas económicas y prisión a quienes tomen las casetas de peaje con multas de lucro.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Enrique Castro Soto se pronunció por respetar a quien se inconforme “creemos que tienen la libertad de expresarlo pero siempre respetando los derechos de terceros”.
No obstante, enfatizó que dicha ley se debe ampliar para que el ciudadano que también bloquee vialidades, e interrumpa el libre tránsito de los individuos sea sancionado con cárcel y multa. “Se debe de ampliar para darle un mayor marco jurídico a las autoridades”.
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Así también, la presidenta de la Unión de propietarios de negocios de la zona turística de Pie de la Cuesta María Nelly Mejía Cienfuegos dijo que las autoridades (diputados), “ya se habían tardado con dicha ley” sin embargo, dijo estar consciente de que es parte de los derechos de los ciudadanos la libertad de expresión pero sin afectar a terceros.
Celebró que dicha ley entrará hoy en vigor “que bueno que ya se dio porque eso será un parte aguas y se tiene que respetar la ley yo creo que nadie debe estar fuera de la ley y sobre todo cuando se afecta a millas de personas, porque se pierden muchas cuestiones por el hecho de bloquear”.
Añadió que los manifestantes “definitivamente ya están mermando y acabando con Acapulco, por eso muchos empresarios ya no quieren invertir aquí en este destino”.
Los empresarios coincidieron en que se daña la imagen de Acapulco “la única fuente de ingresos” ya que si se afecta la vialidad o se interrumpe, no solo abandonaron los negocios que dejan de percibir en ese momento sino también a los turistas que están planeando alguna visita al puerto se desaniman.
Cabe mencionar para quienes tomen las casetas de peaje con multas de lucro, tal como lo hicieron el Senado de la República el pasado 14 de diciembre pasado, se emplearán hasta 7 años de prisión y multas de 8 a 44 mil pesos.
