La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó un informe de seguimiento de todo el trabajo que se ha realizado sobre el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ante familiares de las víctimas, en donde resaltan que sigue siendo un pendiente el esclarecimiento de estos hechos.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi, fue quien presentó el informe del mecanismo especial de seguimiento al asunto Ayotzinapa, que explicó se atendió a partir de la medida cautelar 409/14, que posibilitó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el mecanismo de seguimiento, correspondiente al periodo 2019 a 2022 y que han propuesto líneas de investigación.
Puntualizó que es importante señalar que es un pendiente para la Comisión el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las personas responsables, pero que, en este informe, muestra la fotografía de aquellos acontecimientos institucionales que han sido un mito, que ocurrieron en la ciudad de Iguala, el 26 de septiembre del 2014.
Por su parte, la relatora, Julissa Mantilla Falcón, en el recuento del trabajo que han hecho y que fue a través de una medida cautelar que emitió el Estado Mexicano para buscar a los 43 jóvenes desaparecidos y encontrar a los responsables, además de atender a las personas lesionadas aquella noche del 26 y madrugada del 27 mes de septiembre del 2014, dijo que su objetivo primario fue buscarlos ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarlos.
Para el caso Ayotzinapa en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó un mecanismo novedoso y poco conocido el GIEI, que ha dado un cabal seguimiento a las investigaciones y determinar el avance de las recomendaciones internacionales, que se enfocó en cuatro puntos: La búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos, la judicialización de los hechos delictivos, la atención a las víctimas y las medidas estructurales para evitar la repetición de los hechos.
Aunque, señaló que en su desarrollo evidenció: una investigación fragmentada; omisiones en el proceso para investigar los delitos cometidos como desaparición forzada en lugar de secuestro, todo esto durante el trabajo que se hizo en terreno en suelo mexicano fuera de su sede en Washington, que permitió recoger información de primera fuente.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha tenido un acercamiento con actos, documentos, protocolos, dinámica de trabajo y acercamiento y vínculo con los padres de los jóvenes desaparecidos, en el caso de Ayotzinapa realizó una revisión de las pruebas y estuvieron presentes en al menos dos audiencias judiciales.
Además, emitió dos recomendaciones al Estado de Mexicano para afrontar todos los desafíos, haciendo hincapié que su compromiso continuará “porque nos quisieron enterrar, pero no sabían que eran semillas”.
Mientras que la relatora en México, Rosa Elena, se refirió a los desafíos que implicó la investigación, así como los inconvenientes que enfrentaron por la verdad histórica, que no fue ni verdad ni histórica, pero también los obstáculos que tuvieron que enfrentar en este crimen de estado y asunto del estado.
Precisó que este informe tiene que ser evaluado por las familias de los jóvenes desaparecidos y encuentren una guía u orientación, una hoja de ruta para que, junto con los representantes de las autoridades, continúan empujando en todos los espacios en el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales y de México, ante la desaparición de los 43.
