Restauranteros de la zona de Caleta y Caletilla, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, aplicar la ley a los prestadores de servicios turísticos que, a través de bloqueos están afectando la economía de miles de empresas que generan empleos y derrama económica para el puerto de Acapulco.

Raúl Espino Camacho, restaurantero de Caleta, dijo que los bloqueos en la costera Miguel Alemán, son actos de caprichos que deben de terminar con la aplicación de la ley, antes de que estas acciones acaben con cientos de negocios establecidos que hoy en día no tienen ni ingresos para cubrir servicios, licencias y sueldos de trabajadores.

Indicó que los bloqueos que son constantes y por varias horas en la zona turística, están afectando de manera considerable a todo el sector empresarial, sobre todo en estos meses en que Acapulco, sufre de una disminución de afluencia de visitantes nacionales.

Lee también: Desatienden turisteros advertencia de no bloquear vialidades

“Ya no podemos seguir aguantando una mala situación económica que es generada por los contantes movimientos sociales que se hacen sin considerar la afectación que se genera en los todos los establecimientos comerciales, desde hoteles donde hay cancelaciones de reservaciones, hasta en restaurantes donde los ingresos también han caído en un gran porcentaje”, expresó el empresario.

Espino Camacho, manifestó que, desde el pasado martes 26 de septiembre, cuando se registró el primero bloqueo por más de cinco horas por los prestadores de servicios turísticos en la costera, el sector restaurantero ha perdido incuantificables ingresos económicos.

Expresó que las pérdidas de recursos económicos en cada negocio de venta de comida en la zona de Caleta y Caletilla, son distintos considerandos que muchos se vieron en la necesidad de cancelar algunos grupos que por el cierre de la circulación no llegaron a los negocios.

Dijo que, en Caleta y Caletilla, además de verse afectados por los cierres a la circulación, también se sufre por la falta de servicios, por los escurrimientos de las aguas negras y por los constantes abusos por parte de los propios prestadores de servicios turísticos que participan en las movilizaciones para exigir que terminen los operativos de ordenamiento en la zona federal.