Integrantes de asociaciones feministas en Guerrero, lamentaron el homicidio de una mujer más en Acapulco, que antes fue privada de su libertad en el interior de una escuela primaria en Ciudad Renacimiento, con ella, suman más de 86 crímenes en la entidad y la Fiscalía del Estado no ha podido resolver uno solo de los casos.
Entrevistadas luego de dar una ponencia en una universidad privada, las féminas celebraron la renuncia del fiscal, Xavier Olea Peláez, porque aseguraron este personaje no hizo nada en la dependencia para resolver los casos de feminicidios, incluso cada asesinato lo relacionó al crimen organizado, sin antes investigar.
La coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia Contra las Mujeres en Guerrero, Rosa Icela Ojeda Rivera, señaló que en el último año aumentaron los feminicidios y disminuyó la investigación, lo que es grave, porque hay mayor impunidad y esto fomenta los delitos, sobre todo los homicidios en contra de mujeres.
“Guerrero tiene el 97 por ciento de cifra negra, esto quiere decir que no se denuncian los delitos, tenemos más de 86 feminicidios contados y documentados, más los que no sabemos, es decir, son muchos, vivir aquí en Guerrero es un riesgo, pero tenemos que organizarnos y exigir que el estado y el congreso nombre un fiscal comprometido”, explicó.
Por su parte, la ex secretaria de la Mujer en Guerrero, Rosa María Gómez Saavedra, señaló que no se investigan los feminicidios debido a la impunidad que persiste en la entidad y a irregularidades muy graves, además, a pesar de la alerta de género la situación no ha mejorado porque no se ha actuado.
“Hemos insistido a quienes gobiernan que no se puede poner una policía a cada persona, pero debe existir más acciones preventivas para que haya vigilancia y cámaras de seguridad, eso inhibe el delito, que no haya impunidad, pero como se cometen los delitos y no hay castigos, el caso de esta mujer puede quedar como parte de estos registros”, señaló.
Ambas mujeres en la entidad consideraron que hacen falta acciones concretas luego de la alerta de género para garantizar la seguridad de las mujeres, y que aquellos feminicidas sean capturados y paguen con la cárcel los delitos cometidos, para que las familias de las víctimas puedan también tener respuestas claras.
