La violencia que se ha generado en los últimos días en la zona centro del estado se debe a una escisión en uno de los grupos delictivos que operan en la región, quienes se le han salido de la manga a los mandos y pretenden apoderarse de la ciudad, aseguró el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien además negó que hubiera una ruptura de los grupos delictivos de la sierra con los de Quechultenango.
El religioso quien se ha convertido en un experto en temas de seguridad y narcotráfico, insistió en lo que ha declarado anteriormente, que las autoridades saben quienes son estos generadores de violencia, “incluso yo sé quiénes son, pero no lo puedo decir, ellos saben y lo que deberían hacer es actuar de manera dirigida y detenerlos”.
Rangel Mendoza en su calidad de obispo emérito asistió a la catedral de Chilapa donde ofició la misa de mediodía, y al finalizar accedió a responder preguntas de medios de comunicación.
Ahí explicó que es incorrecto que se utilice a los militares, marinos y demás corporaciones para desplegar operativos, cuando la gobernadora y la alcaldesa de Chilpancingo saben quiénes son los delincuentes y podrían ordenar que vayan directamente por los delincuentes.
“Hay un tercer grupo que se quiere apoderar de Chilpancingo y, de hecho, ellos han sido aliados de Los Tlacos pero se les quieren salir de la manga a estos señores y son los que están provocando todo esto, los asesinatos, y ahorita este grupo se estaba mandando en cobrar, extorsionando la carne, pan, refresco y los pollos”, comentó.
El obispo dijo que hace 3 días habló con líderes de dicho grupo delictivo y en su presencia el líder delincuencial habló con su similar de “Los Ardillos” y confirmaron que se tienen vigentes los pactos y acuerdos para mantener estable el territorio, “no han roto la alianza”.
Expresó que los del grupo de Quechultenango están pidiendo que dejen el transporte caminar en paz porque si el transporte no funciona ahogan la economía.
Rangel Mendoza dijo que la situación “se puede arreglar”, tras hablar “con ciertos personajes” que le dijeron están dispuestos a cooperar para mejorar la situación.
Por otro lado, el Obispo consideró que la responsabilidad de la seguridad es del Gobierno federal, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador; de la gobernadora Evelyn Salgado y de la Fiscalía estatal.
Declaró que la Policía del Estado tiene 6 mil policías, la Fiscalía 600 agentes y el municipio 150 que solo cumplen con labores de prevención, por lo que dijo que “la gran responsabilidad es de la gobernadora”.
