La preservación de los controles constitucionales en México es un pilar fundamental para garantizar la estabilidad del Estado Constitucional de derecho, la protección de los derechos humanos y el respeto a la supremacía constitucional.
El control constitucional en México es un mecanismo clave para evitar abusos de poder y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Permite que las leyes y actos de autoridad sean revisados y anulados si se determinan inconstitucionales, garantizando así que el marco normativo del país se ajuste a los principios consagrados en la Constitución. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, por ejemplo, son herramientas vitales para que tanto ciudadanos como entes públicos puedan impugnar leyes y actos que violen la Constitución.
Lamentablemente, la iniciativa avalada por Morena y sus correligionarios debilita estas herramientas al limitar las posibilidades de presentar inconformidades contra reformas que puedan ser ilegales, incurrir en inconsistencias o incluso ser producto de fraudes legislativos. Esto generaría un clima de inseguridad jurídica y desconfianza en las instituciones, al dejar sin defensas adecuadas a los ciudadanos y a los entes del Estado que pudieran verse afectados por decisiones arbitrarias.
Otro aspecto crítico es la vulneración del principio de no retroactividad. La Constitución mexicana establece que las leyes no deben aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de las personas. Sin embargo, la reforma propuesta podría permitir que actos legislativos que no cumplen con los requisitos legales básicos sean protegidos por la imposibilidad de cuestionarlos jurídicamente. Esto no solo mina la seguridad jurídica, sino que abre la puerta a decisiones arbitrarias con efectos adversos para la ciudadanía.
Desde el PRI, hemos señalado con firmeza que esta reforma constituye una locura que traerá consigo la peor tragedia para el país, pues la reforma impulsada por la bancada oficialista no solo amenaza con desmantelar los controles constitucionales, sino que también representa un paso hacia el autoritarismo.
La democracia requiere de la existencia de un equilibrio entre poderes, donde ninguna autoridad se coloque por encima de la Constitución. Por ello, el debilitamiento de los mecanismos de control abre la posibilidad de que las reformas legislativas sean utilizadas de manera discrecional, lo que contraviene los principios democráticos y pone en riesgo la protección de los derechos humanos.
México necesita reforzar sus instituciones y los controles que limitan el ejercicio del poder, no debilitarlos. La reforma actual es un intento peligroso de concentrar el poder en un solo grupo, lo cual podría socavar la confianza de la ciudadanía en la legalidad y en las instituciones del Estado.
La preservación de los controles constitucionales no es una opción, es una necesidad. Sin ellos, se pone en riesgo la estructura misma del Estado de derecho y se compromete el futuro democrático del país.