oscarbasave@msn.com Sí algo cambió la 4T en México es la concepción de lo que son derechos y privilegios, y por lo mismo esa confusión ha generado problemas para una parte de la población sobre todo para aquellos que los programas sociales asistencialistas aseguran ayudar. Sin embargo no es así, a pesar de que digan que se trata que sean programas emblemas y hablen de la generosidad de los gobiernos de Morena, hay efectos y resultados no previstos y de los cuales se procura guardar prudente silencio por los propagandistas gubernamentales y los afectados no los relacionan con su realidad.
Aunque la lista pudiera ser amplia, sólo se hará referencia aquí de tres temas que los gobiernos morenistas han presentado como los principales de sus políticas públicas que benefician a la población, las becas para los jóvenes estudiantes, sobre todo aquellas para quienes cursan la educación superior; las pensiones para adultos mayores y las viviendas de interés social.
En el tema de los jóvenes estudiantes de una carrera profesional, sin duda alguna que los ingresos mediante becas para sostenerse en sus estudios, no deja de ser medianamente un alivio; pero no todos están. Pero no todos reciben becas, sobre todo aquellos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad y son víctimas de un círculo vicioso, no pueden tener buenas calificaciones porque se encuentran trabajando además de estudiar. Entonces las bajas calificaciones le impiden becas y tampoco su cuantía les permitiría resolver sus problemas cotidianos por los cuales laboran.
Además de esto, el principal problema de los egresados de las carreras profesionales es la escasa posibilidad de obtener un empleo. De tal manera que el objetivo de preparar con estudios superiores a los jóvenes se topa con la falta del empleo para los cuales fueron preparados, de tal manera que más de un 70% de los nuevos profesionistas se tienen que dedicar a actividades económicas informales.
Por otro lado, en lo que corresponde a las pensiones para adultos mayores en la cual se explota la emoción y el sentimentalismo de ayudar a “nuestros viejitos” y darles mejores condiciones de vida. Esto, aunque sea mayor el número de personas beneficiadas y menor la edad de ingreso al beneficio se topa con una realidad creciente y la cual desnuda esa política como un privilegio y no como un derecho.
Al mismo tiempo que se aplica más recursos para los adultos mayores y se disminuye la edad para obtener las pensiones, también hay una falta de recursos para que las personas adultas mayores que ya concluyeron su edad laboral e incluso se pasaron y que durante su tiempo laboral estuvieron cotizando (es decir aportando para un retiro digno) no lo pueden hacer debido a que no se han destinado los fondos para su retiro. Incluso para los familiares de quienes fallecieron víctimas del COVID- 19, en los años siguientes, no se les han podido pagar.
Es curioso ver las protestas por aquellos jubilados a los que se les retrasa el pago de sus pensiones, que están reclamando aquello que ya entregaron al Estado vía cotización para tener una estabilidad financiera en su vejez, pero la entrega de esos recursos económicos se les retrasa por diversos motivos.
Por último, en el tema de las viviendas el robo y engaño es claro para aquellos que adquieren un crédito hipotecario, ya sea vía INFONAVIT o por el FOVISSSTE. Al respecto, recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció con bombo y platillos la construcción de un millón de viviendas en el país, que se repartirían entre derechohabientes y no derechohabientes. Por la forma en que lo anunció parece un gran logro del gobierno, pero no es así.
Las viviendas las pagan las personas que obtienen los créditos para acceder a las mismas y su costo se triplica en los años de pago que suelen ser de treinta años. En tres décadas la persona que adquiere una casa de interés social paga la de tres, ¿el gobierno le pierde a los créditos de vivienda? Por supuesto que no, estas viviendas y sus créditos no son financiados por los gobiernos sino por los mismos acreditados.
Claro que estos resultados no deseados no son ni señalados ni en las letras chiquitas, pero la propaganda gubernamental busca difundir aquello que parece beneficioso, pero que en realidad no lo es.
