oscarbasave@msn.com La primera gran reforma que implicaba al sistema político mexicano fue la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) aprobada en 1977; posteriormente a partir de 1994 se iniciaron una escalada de reformas constitucionales que formaron instituciones, todas logradas con acuerdos entre los partidos políticos presentes en la arena legislativa. Todas fueron de común acuerdo. Sin embargo, en este gobierno de izquierda parece que el interés es lograr cambios constitucionales mediante el avasallamiento.
El primer intento fue la reforma electoral, en el que se modificaba sustancialmente las labores del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual no fue logrado porque el partido en el gobierno Morena no contó con la mayoría necesaria para aprobarla; pero se armó una campaña de ataque a los legisladores en los que se les acusaba de traidores a la patria. Ahora como despedida, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha echado a andar la reforma al Poder Judicial.
De nada han valido los cuestionamientos al respecto, que señalan las implicaciones al funcionamiento democrático del país. La mayor parte de instituciones que vigilan el funcionamiento de la democracia en otros países han apuntado de los riesgos de promover la elección de integrantes del Poder Judicial mediante el voto popular. Ningún especialista ha logrado persuadir al todavía titular del Poder Ejecutivo de cancelar su objetivo.
De lograrse esta aspiración de López Obrador terminaría con el sistema de frenos y contrapesos necesarios en un país democrático. La fundación de una República se basa precisamente en la división de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cuya elección tiene fórmulas diferentes porque sus funciones son diferentes. Uno ejecuta, el otro legisla, crea normas, aprueba presupuesto, vigila la aplicación de este, discute, porque lo integran posiciones encontradas y por ello representan la pluralidad política de los ciudadanos. Es precisamente a esta representación de pluralidad política que se aprobó la LFOPPE en 1977, para que todas las expresiones políticas tuvieran representación en el Congreso.
En tanto que el Poder Judicial vigila a ambos poderes. Por lo que su constitución tiene que estar formada por especialistas en el Derecho. No están ahí para dar gusto al pueblo, como exige el presidente en su pretensión de cambiar la selección de los integrantes. La función del Poder Judicial es que se cumpla la Constitución, leyes y reglamentos que de ella emanen, como dice el juramento que todos los presidentes hacen al rendir protesta del cargo.
La decisión de reformar la forma de seleccionar al Poder Judicial tiene que ver con un estilo diferente al que se venía haciendo desde los 90, en treinta años las reformas han sido considerando las opiniones de los partidos políticos y la sociedad civil organizada. Muchas de estos cambios se lograron no con la iniciativa de los partidos, sino por la presión del movimiento social que incidió en lo político, social, económico y vigilancia del poder.
Sin embargo, esto ha cambiado. La fuerza que adquirió Morena en esta última elección le da la oportunidad de avasallar a todos, tanto partidos de oposición como la sociedad civil organizada, que ha sido un protagonista en los cambios institucionales que se han dado en las últimas tres décadas.
De suyo el crecimiento electoral de Morena ha dejado en una minoría a los partidos de oposición, en la misma que la izquierda estuvo cuando la LFOPPE se aprobó para darle presencia a la pluralidad. En aquellos tiempos la sociedad civil organizada no tenía tanta presencia como ahora. Pero tanto partidos como sociedad han quedado relegado en la toma de decisiones para los cambios.
En aquel entonces se consideró que la apertura democrática comenzaba con el diálogo y los acuerdos, ahora se avasalla, lo cual no es buena señal.
