El asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, causó una fuerte indignación, la cual seguramente se va a diluir conforme pasen los días y… los años; como se está haciendo costumbre en el estado y en el país, desde que en el año fatídico de 1994 se dieron los primeros crímenes políticos con las muertes de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia, y con el exgobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu. Mientras que en Guerrero en el 2009 fue asesinado Armando Chavarría, a la sazón presidente del Congreso estatal.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un corte hasta el mes de agosto, Guerrero ocupaba el tercer lugar en homicidios dolosos, después de Guanajuato con 269, Baja California Sur con 208 y la entidad con 179. Mientras que el Reporte final de violencia política, balance post electoral 2023 de Integralia Consultores, en Guerrero se registraron 56 asesinatos, Chiapas 35 y Michoacán 23 esto de 267 crímenes contra aspirantes, precandidatos y candidatos.
El de Alejandro Arcos fue un asesinato de alto impacto, no sólo debido a su cargo como presidente municipal de la capital del estado de Guerrero, sino también por otros dos homicidios ligados al mismo Ayuntamiento, de quien sería su secretario de Seguridad Pública y del secretario del Ayuntamiento en funciones.
Los números de homicidios, como el delito más grave de la incidencia delictiva, en el contexto nacional y local, corresponde sólo al incremento de carpetas de investigación, las cuales se mantienen dentro de la agenda pública mientras ocurre otro hecho que distraiga a la atención pública y sólo los dolientes queden exigiendo justicia cada año.
El clima de inseguridad y de violencia que desde la primera década de los 2000, luego de la muerte y detención de los principales líderes del Cartel de los Beltrán Leyva ha convertido en Guerrero en un escenario de constantes homicidios, ocupando nada honrosos primeros lugares, tanto a nivel nacional como internacional. Inicialmente la violencia se dio a partir de la lucha del liderar las diferentes facciones que fueron surgiendo en la medida de que el cartel de los Beltrán se pulverizaba.
A pesar de ello, los líderes políticos y principales actores sólo dan declaraciones de condena y exigencia de esclarecimiento de los asesinatos, pero nada ha se ha avanzado en la resolución
Del 2011 en que se incrementó la violencia en la entidad, los gobernantes del estado que han sido postulados por tres partidos políticos, PRD, PRI y Morena, no han logrado disminuirla a pesar del cambio de nombre de las instancias de seguridad por el de Mesas por la Paz.
Muy por el contrario, a lo largo de diez años el Crimen Organizado ha avanzado muchísimo, y obviamente incuantificable en tanto que no hay evidencias para determinar su avance, pero por las señales que existen es que su influencia en la política municipal es muy fuerte.
El número de homicidios dolosos y el de asesinatos de personas políticas, da cuenta de que no serán resueltos porque la razón está en la impunidad, ya sea por incapacidad o por omisión de las autoridades dedicadas a la investigación.