Y la reforma judicial fue aprobada. A pesar de las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, además de las observaciones y recomendaciones de organismos sociales mexicanos y en el extranjero, incluso de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales de México, por el Tratado Comercial (T-MEC), quienes hicieron advertencias sobre los riesgos de estos cambios en el sistema de justicia.

La aprobación de la reforma remite al funcionamiento del sistema político mexicano, cuya principal figura protagónica como lo es el presidencialismo –no sólo como un régimen en el que se elige al titular del Poder Ejecutivo por medio del voto directo de los ciudadanos--, sino por el poder metaconstitucional es decir porque va más allá de la Constitución Política, sino precisamente por las reglas no escritas que tienen mayor valor que lo que dicen las leyes.

Al respecto, es de enorme vigencia el texto escrito por Daniel Cosío Villegas, “El sistema político mexicano” en el que analiza las piezas centrales de la política mexicana, el presidente de la República y el Partido oficial, en el cual señala que es que quien ocupa la presidencia es el que avala la trayectoria política de quienes componen los otros poderes, el legislativo y el judicial, pero también de gobernadores, por lo cual le deben lealtad.

Esta mecánica de funcionamiento del sistema político mexicano implica el humor de quien se encuentre en la Silla Presidencial, de tal manera que lo que hace un presidente en un sexenio sea criticado por el que llega después, y así. Mientras que los políticos que aprueban o desaprueban tal o cual reforma, pueden estar de un lado o del otro, y votar a favor por lo que en un momento estaban en contra.

Sólo por mencionar como ejemplo la nacionalización y privatización de los bancos en México. Lo primero lo hizo el presidente José López Portillo, al final de su gobierno en 1982, lo anunció en su último informe de gobierno el 1 de septiembre y el decreto afectó la operación del gobierno entrante, el de Miguel de la Madrid Hurtado que tuvo que lidiar con las indemnizaciones a los banqueros expropiados y organizar la banca en el sector público

La reforma de López Portillo duró sólo ocho años. En 1990, pasado el sexenio de Miguel De la Madrid, con Carlos Salinas como presidente los bancos se privatizaron de nuevo.

En el sexenio de Salinas de Gortari, también se privatizaron otros activos, como el Canal 13 y Teléfonos de México, la primera para Ricardo Salinas Pliego y la segunda empresa para Carlos Slim. Aunque el primer empresario ya tiene conflictos con el presidente López Obrador debido a pago de impuestos. El segundo sigue estando dentro de los ánimos presidenciales. Pero ambos, eran blanco de las críticas de los políticos de izquierda en México por ser beneficiarios del periodo de privatización de los gobiernos neoliberales.

Las cosas cambiaron, para que todo siguiera igual, como se señala en la novela de Giuseppe de Lampedusa “El Gatopardo”.

Si algo es constante en el sistema político mexicano es la esperanza. Porque todos los candidatos a la presidencia y ya como titulares prometen sacar a México de la pobreza y la marginación, no se cumple pero se dice que hay avances. De los errores que cometen, de esos se entera la ciudadanía después, cuando el aparato de propaganda ya no defiende al ex, sino que protege al actual.

Y el costo de los errores los pagan los mismos de siempre. No los pobres que son sujetos de dádivas, ni tampoco los millonarios que pueden evadir impuestos –tienen contadores y abogados para hacerlo—sino la clase media asalariada que sin poder evadir el pago de impuestos porque es contribuyente cautivo y al que se le descuenta el impuesto antes de que cobre su quincena.

Y reformas van y reformas vienen, con la misma promesa: de mejorar la calidad de vida de los mexicanos.