oscarbasave@msn.com La agenda política en México está enfocada en la lucha de más poder para unos cuantos. En sentido contrario a lo que estipula Robert Dahl de que el Poder se debe distribuir, “más poder para todos, menos poder para nadie”. En el país, como resultado del proceso de elección de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se lucha para que un solo partido, una sola opción partidaria obtenga la sobrerrepresentación en el Congreso y a la par, gracias a una reforma constitucional, también controle el Poder Judicial.
Los resultados electorales presidencial y legisladores muestran un escenario similar al de hace 48 años cuando la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo llevó a presentar un candidato único a la presidencia, porque los partidos Acción Nacional (PAN) no presentó candidato y el Comunista Mexicano (PCM) no tenía registro aunque sí postuló a un aspirante; es decir prácticamente no había otra opción en posibilidades de ganar ni elecciones presidenciales ni obtener curules en el Congreso.
Como resultado de las elecciones de 1976 el sistema político que controlaba el PRI con la reforma de la ley electoral de 1977 se abrió y permitió el acceso a diputados federales por la nueva vía de representación proporcional (plurinominales o diputados de partido), aunque esto no significó más poder para los partidos opositores si lo fue la oportunidad de tener voz en el parlamento, uno de los poderes republicanos. Por cierto, muchos de los que ahora participan en el agandalle fueron beneficiados con la reforma política de 1977
Las reformas electorales que se impulsaron a mediados de los noventa se lograron gracias a los partidos políticos, PRD, PAN y otros minoritarios, pero también de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo académicos universitarios y periodistas reconocidos como intelectuales de peso en temas de democracia. Incluso varios de ellos fungieron como consejeros el naciente organismo que organizaría las elecciones, entonces Instituto Federal Electoral, ahora INE. Desde los noventa hasta el 2014 se realizaron diferentes reformas electorales, todas consensuadas entre partidos, gobierno y agrupaciones sociales.
Las reformas electorales y constitucionales celebradas a partir de la presidencia de 1994 al 2014 tuvieron como objetivo compartir el poder entre el mayor número de actores e instituciones. Sin embargo, a partir del acceso de Morena al poder y constituirse como un nuevo partido hegemónico la ruta que se ha visto es la concentración del poder.
El proyecto de reforma que implica la elección de jueces, magistrados y ministros, integrantes del Poder Judicial, significaría la apropiación de las candidaturas de los partidos electorales, aunque eso no se mencione. Quien lo niegue o es ingenuo o pretende engañar a los demás. No hay elección en México, por modesta que sea, como la de comisarios ejidales o municipales, que no estén vinculados a los partidos con el color del partido que los cobija. De lograrse la reforma que permitiría la elección de magistradas y magistrados en México, Morena ya tendría el control del Poder Judicial.
La otra cuestión a debate es la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso, con tal de lograr la mayoría calificada en el Poder Legislativo. Si los resultados electorales permitieron a Morena a obtener lo que se llamaba “carro completo” durante la hegemonía priista, con los legisladores de mayoría relativa, pretende incrementar su número con los de representación proporcional con el fin de aumentar el poder de aprobaciones de iniciativas presidenciales, tengan o no sentido.
De lograrse esos afanes de Morena obtendrían el poder absoluto al controlar los tres Poderes de la Unión. Al respecto el historiador birtánico Lord Acton dejó una frase contundente: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y aquí en México se está peleando por la concentración del poder en unos cuantos.
