oscarbasave@msn.com Toda la propaganda política que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desplegado para hablar de las supuestas virtudes de la reforma judicial y que los legisladores afines han señalado como el gran regalo de despedida, menosprecian las advertencias que desde varios organismos y actores políticos han hecho en contra de este cambio en los últimos días del sexenio lopezobradorista.
Como se hizo costumbre durante su gobierno, López Obrador recurre a la desacreditación o descalificación de todos aquellos que no se alineen a su discurso, sin embargo en esta ocasión ha ido muy lejos en su postura, pues no se está peleando con cualquier otro país ni persona, ni organismo interno, sino con los principales socios comerciales de México, como son Estados Unidos y Canadá.
En su sexenio López Obrador “pausó” relaciones con España en exigencia de que se ofreciera disculpas por los agravios de la conquista. Rompió relaciones con Ecuador y Perú, por entrometerse en asuntos nacionales electorales de esos países. Con Ecuador el tema del asilo del ex vicepresidente Jorge Glass y la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana, trascendió a tribunales internacionales.
Tanto con Ecuador como con Perú los conflictos se generaron por opiniones emitidas por López Obrador, lo cual no deja de ser paradójico porque el conflicto por el que causa la “pausa” con los embajadores estadounidense y canadiense, Ken Salazar y Graeme Clark, fue su opinión en contra a la reforma judicial que impulsa en estos últimos días de su mandato, y con lo cual se permitiría la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte.
La diferencia entre la opinión del presidente mexicano sobre los países sudamericanos fue que se trataba de los procesos políticos en apoyo a los líderes políticos de izquierda, mientras que acá los embajadores de los países con los que México firmó el Tratado con Estados Unidos y Canadá (T- MEC), están defendiendo los intereses de las empresas y los empresarios de sus respectivos países y los cuales se colocan en posición de riesgo ante cualquier conflicto de carácter legal. En una explicación concreta AMLO se peleó con Perú y Ecuador por opinar en temas políticos, mientras que los embajadores de Canadá y EEUU están opinando por preocupación de los intereses económicos en juego de ciudadanos de sus países.
Lo que está colocando en juego López Obrador es mucho. Las consecuencias podrían ser una crisis económica, como se ha avizorado en dos ocasiones que se han dado conferencias de prensa al respecto y en las que el dólar ha subido de precio frente al peso, para un presidente saliente dejarle el país al borde de un problema económico es una enorme irresponsabilidad con la que la presidenta entrante va a tener que lidiar.
Si bien la propaganda política en favor de la reforma al Poder Judicial ha permeado en el común de la población que simpatiza con AMLO no es precisamente la que esté considerando los riesgos que implica, pero los especialistas en el tema, tanto a nivel nacional como internacional, es lo que están advirtiendo de las consecuencias de esta intentona de hacer elegibles por el voto popular a los integrantes del Poder Judicial.
Ni el presidente saliente ni la presidenta entrante tienen problemas de legitimidad de acceso al poder, pero si están perdiendo la legitimidad al echar a andar una reforma que coloca a México en una situación débil en el plano internacional, porque no garantiza seguridad a las inversiones extranjeras y esto implicaría una crisis económica desde varios frentes.
Para el presidente saliente que ya se va a la Chingada, su finca en Palenque, no será ningún problema porque no tendrá que lidiar con el incendio provocado; pero la presidenta entrante si va a significar un gran problema con un nuevo problema en donde no lo había. Y todo por el Poder de AMLO que pretende acabar con el Poder Judicial.
