Mi libertad termina donde empieza la de los demás.
Jean-Paul Sartre (1905 – 1980).
Acapulco, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México, ha estado lidiando en las últimas semanas, con una problemática que afecta tanto a su economía como a la calidad de vida de sus habitantes y visitantes: los bloqueos vehiculares realizados por manifestantes. Si bien la libertad de expresión y el derecho a la manifestación son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática, estos derechos no deben infringir los derechos de terceros, especialmente el derecho a la libre circulación. Es esencial que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar que los bloqueos no continúen afectando de manera tan perjudicial a Acapulco.
Es indiscutible que en cualquier sociedad democrática, los ciudadanos deben tener la libertad de expresarse y manifestarse en contra de las políticas públicas, las injusticias o cualquier causa que consideren pertinente. Estos derechos están protegidos por la Constitución y son esenciales para el funcionamiento de una democracia sana. Sin embargo, la protesta no debe convertirse en una herramienta que afecte el bienestar de otras personas.
En el caso de Acapulco, los bloqueos de carreteras, avenidas y principales accesos a la ciudad han sido un fenómeno recurrente, donde diversos grupos han decidido interrumpir el flujo vehicular para exigir respuestas o soluciones a sus demandas. Si bien sus causas pueden ser diversas y, en muchos casos, legítimas, es importante reconocer que estos bloqueos no solo afectan a quienes se encuentran en las manifestaciones, sino también a miles de ciudadanos y turistas que dependen de la libre circulación para desempeñar sus actividades cotidianas, ya sea para trabajar, estudiar o disfrutar del turismo.
El ejercicio de la manifestación tiene un límite cuando afecta derechos fundamentales de otras personas. El derecho a la libre circulación, garantizado también por la Constitución, no debe ser vulnerado bajo ninguna circunstancia. Los bloqueos en Acapulco interrumpen el flujo vehicular, generando largas filas de automóviles, demoras significativas y, lo que es aún más grave, generando un ambiente de caos y desesperación para aquellos que se ven atrapados en el tráfico sin poder hacer nada al respecto.
Los efectos de estos bloqueos no solo son inmediatos. La ciudad, que depende en gran medida del turismo para su sustento económico, ve afectada su imagen y reputación a nivel nacional e internacional. Los turistas que, al igual que los residentes, sufren las consecuencias de los bloqueos, pueden optar por no visitar la ciudad en futuras ocasiones, lo que implica pérdidas económicas millonarias para hoteles, restaurantes, comercios y demás establecimientos que dependen directamente de la actividad turística.
Acapulco es conocido por ser uno de los principales destinos turísticos del país, con una economía que se nutre principalmente del turismo tanto nacional como internacional. Sin embargo, los bloqueos repetidos han generado un daño económico directo que podría volverse irreparable si no se toman medidas al respecto.
Los turistas que planean disfrutar de la playa y los atractivos de la ciudad no solo enfrentan la molestia de no poder circular con facilidad, sino que también perciben un ambiente de inseguridad e inestabilidad que podría hacer que elijan otros destinos con menor riesgo de interrupciones.
La cadena de afectaciones económicas no termina en los turistas. Los trabajadores locales, desde choferes de taxis y transportistas hasta empleados de restaurantes y comercios, también se ven severamente impactados por los bloqueos. Las largas filas y los retrasos en la circulación reducen la productividad laboral, afectando así la fuente de ingresos de miles de familias que dependen de la actividad comercial para su sustento.
Además, las imágenes de caos vehicular que circulan en redes sociales y medios de comunicación contribuyen a una mala imagen de Acapulco, que, a pesar de sus esfuerzos por renovarse y atraer visitantes, sigue viéndose afectada por estas situaciones de conflictividad. El daño a la imagen de la ciudad podría traducirse en una disminución del turismo, lo que afectaría de manera directa a la economía local.
Es innegable que los manifestantes tienen el derecho a expresar sus inconformidades, pero este derecho debe ejercerse de manera que no cause perjuicios a los demás. Las autoridades deben intervenir de manera oportuna para garantizar que los bloqueos no continúen, aplicando la ley de manera firme y eficaz.
El uso de los mecanismos legales disponibles para restaurar el orden y la normalidad en las vías de circulación no debe ser visto como una medida represiva, sino como una acción necesaria para salvaguardar el bienestar de la mayoría de los ciudadanos y mantener la estabilidad económica y social. Las autoridades deben garantizar que se respete el derecho de todos a circular libremente, sin que eso signifique que se coarte la posibilidad de manifestarse, pero sí que se regule de forma que no afecte el desarrollo de la ciudad ni a sus habitantes.
Es vital que tanto los manifestantes como las autoridades busquen una vía de diálogo que permita resolver las demandas de manera pacífica y efectiva. Sin embargo, esto no debe llevar a la permisividad ante situaciones que atenten contra los derechos de otros. El diálogo es clave, pero la ley debe prevalecer cuando se trata de proteger derechos fundamentales como la libre circulación.
En conclusión, los bloqueos vehiculares en Acapulco son una manifestación legítima de la protesta social, pero se deben regular para evitar que continúen afectando gravemente la circulación y la economía de la ciudad. La autoridad tiene la responsabilidad de aplicar la ley, equilibrando el derecho a la manifestación con el derecho de todos a la libre circulación. Ya basta de permitir que la ciudad pague un precio tan alto por un conflicto que puede resolverse con responsabilidad y respeto mutuo. Recordemos que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
