Dentro de los asuntos que se espera sean desahogados por el Congreso Mexicano en los próximos días se encuentra la propuesta que busca desaparecer órganos constitucionales autónomos como el INAI, COFECE, IFT y Coneval, bajo el argumento de una aparente austeridad y simplificación administrativa.
Sin embargo, esta iniciativa no solo es un atentado contra la estructura democrática de nuestro país, sino que representa un peligroso retroceso en la lucha por la transparencia, la competencia económica y la evaluación de políticas públicas.
Es importante recordar que los órganos constitucionales autónomos surgieron como respuesta a la necesidad de contar con instituciones independientes que pudieran regular y supervisar áreas clave del desarrollo nacional sin la interferencia directa del Ejecutivo.
El INAI garantiza el acceso a la información y protege los datos personales; la COFECE promueve la competencia económica; el IFT regula las telecomunicaciones y la radiodifusión; y el Coneval evalúa la política social para mejorar su eficacia. Su existencia es fundamental para mantener un equilibrio de poderes y asegurar que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos y no políticos.
El argumento utilizado para justificar su desaparición es, en el mejor de los casos, simplista y, en el peor, malintencionado. Si bien es cierto que la eficiencia administrativa es deseable, no puede lograrse a costa de sacrificar la independencia y autonomía de instituciones clave. La concentración de poder en el Ejecutivo sin contrapesos efectivos, abre la puerta a la opacidad, la discrecionalidad y potenciales abusos de autoridad.
Transferir las funciones de estos órganos al Ejecutivo federal no solo anula los avances logrados en materia de transparencia y rendición de cuentas, sino que también ignora las lecciones del pasado. La separación de estas funciones del presidente fue un logro democrático que buscaba evitar la concentración excesiva de poder y fomentar una gestión más equilibrada y eficiente.
Además, esta propuesta socava la confianza ciudadana en las instituciones. En una democracia, es vital que los ciudadanos perciban a las instituciones como entidades imparciales y autónomas, capaces de actuar en beneficio del interés público sin sometimiento a agendas políticas. Desmantelar estos organismos envía un mensaje contrario, insinuando que la centralización y el control político son más importantes que la transparencia y la eficacia institucional.
Es esencial reconocer que la verdadera fortaleza de una democracia radica en su capacidad para mantener instituciones sólidas, independientes y orientadas al servicio público.
En lugar de eliminar estos órganos, el enfoque debería centrarse en fortalecerlos, dotándolos de los recursos necesarios y promoviendo su eficiencia operativa. Solo así se podrá garantizar que sigan cumpliendo su misión de salvaguardar la transparencia, fomentar la competencia justa, regular sectores estratégicos y evaluar las políticas públicas para el desarrollo social.
La propuesta de desaparecer los órganos autónomos es más que una simple reforma administrativa; es un intento de concentrar poder y reducir los contrapesos democráticos. Como sociedad, debemos alzar la voz en defensa de nuestras instituciones y exigir que cualquier reforma busque fortalecer, y no debilitar, la democracia en México.